SCJN revisará exclusión de comunidad nahua de fondo federal
- El Pleno estudiará si Bienestar puede exigir condiciones de pobreza o rezago social para otorgar recursos del FAISPIAM a pueblos indígenas y afromexicanos
Ciudad de México, 07 de octubre del 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta a definir los criterios que deberán observarse para el acceso de comunidades indígenas y afromexicanas a recursos federales, a partir del caso de una comunidad nahua de Hidalgo que fue excluida de un fondo destinado a infraestructura social.
Por unanimidad, el Pleno aprobó atraer el amparo en revisión 148/2026, promovido por la comunidad de Ahuatitla, municipio de San Felipe Orizatlán, luego de que no fuera incluida entre los beneficiarios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).
La solicitud para que el máximo tribunal conociera del asunto fue presentada por su presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Ahora, los ministros deberán analizar si la Secretaría de Bienestar actuó conforme a derecho al establecer condiciones socioeconómicas para determinar qué comunidades pueden acceder a los recursos.
El punto central del litigio será establecer si es constitucional exigir que una comunidad indígena demuestre encontrarse en pobreza extrema o presentar un grado alto o muy alto de rezago social como condición para recibir recursos del FAISPIAM.
Esto, pese a que Ahuatitla se encuentra dentro de una zona catalogada como de atención prioritaria, circunstancia que forma parte de los argumentos que deberá valorar la Corte.
Además de resolver la situación particular de la comunidad hidalguense, el Pleno deberá fijar criterios sobre la administración directa de los recursos federales por parte de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El fallo permitirá determinar los alcances de los requisitos socioeconómicos previstos para la distribución de estos fondos y establecer parámetros para futuros casos relacionados con el acceso de comunidades indígenas y afromexicanas a recursos públicos.