Sanciones de EU no acreditan por sí mismas vínculos con el crimen: Sheinbaum
- La Presidenta descarta que los señalamientos de OFAC deriven automáticamente en denuncias penales en México; algunos de los sancionados ya son investigados por la FGR
Ciudad de México, 30 de septiembre del 2026.- Las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos no constituyen, por sí mismas, una prueba de vínculos con la delincuencia organizada ni obligan a las autoridades mexicanas a iniciar de manera automática procedimientos penales, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Al abordar el anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadunidense, que incluyó a 21 personas y 25 empresas por presuntamente operar como líderes o facilitadores del cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de La Mayiza, la mandataria explicó que corresponde a las instituciones mexicanas determinar si existen elementos para proceder.
Ante preguntas sobre una eventual investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) a la administración de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, debido a los señalamientos contra su ex esposo, Carlos Torres, Sheinbaum sostuvo que la información difundida por OFAC no implica que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deba presentar de inmediato una denuncia penal.
Explicó que la UIF realiza sus propias revisiones cuando existen alertas o irregularidades en movimientos financieros. En caso de detectar operaciones que no correspondan con la información disponible, puede solicitar el congelamiento de cuentas y requerir a los involucrados que acrediten el origen de los recursos.
“Eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”, puntualizó la Presidenta al referirse a las irregularidades que pueden detectarse durante las revisiones financieras.
Sheinbaum remarcó que existe una diferencia entre identificar movimientos irregulares y acreditar una relación con una organización criminal. Por ello, señaló, antes de una denuncia penal debe existir sustento derivado de las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas.
Como antecedente, mencionó las sanciones anunciadas meses atrás por el Departamento del Tesoro contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanos, al señalar que, pese a las medidas estadunidenses, no se acreditó hasta ese momento un vínculo de esas instituciones con organizaciones delictivas.
En la lista difundida por OFAC se encuentra Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, así como Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada.
La titular del Ejecutivo federal indicó, además, que algunos de los nombres incluidos en las sanciones estadunidenses ya cuentan con carpetas de investigación abiertas por la FGR en México. Sin embargo, precisó que esta condición no se presenta en todos los casos.
De esta manera, la Presidenta sostuvo que las determinaciones de OFAC constituyen un elemento que puede ser considerado por las autoridades mexicanas, pero las actuaciones de la UIF y de la FGR dependen de los resultados de sus propias investigaciones y de los elementos que permitan establecer posibles responsabilidades.