Extorsión golpea a empresas, productores y familias; proponen medir su impacto económico
Calificó la extorsión como un “impuesto criminal”, al considerar que representa un costo adicional para quienes desarrollan actividades productivas
La extorsión debe ser atendida no sólo como un delito de seguridad pública, sino también como un problema que afecta la actividad económica, planteó Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
El legislador señaló que los cobros ilegales impactan a empresas, productores, familias y obras públicas, además de generar costos que pueden trasladarse al precio de bienes y servicios.
Ramírez Cuéllar sostuvo que la extorsión afecta sectores como la inversión, el campo, la construcción y las finanzas públicas. De acuerdo con su planteamiento, el costo de este delito podría alcanzar hasta uno por ciento del Producto Interno Bruto.
El diputado propuso ampliar el análisis del fenómeno para considerar sus efectos sobre la economía nacional y fortalecer las acciones para combatirlo.
Calificó la extorsión como un “impuesto criminal”, al considerar que representa un costo adicional para quienes desarrollan actividades productivas y para los consumidores.