Nuevo obstáculo en la SCJN para resolver sobre prisión preventiva oficiosa
- Yasmín Esquivel pidió apartarse de expediente relacionado con el fallo de la Corte Interamericana; víctimas del caso acusan demora de tres años en el cumplimiento de la sentencia
Ciudad de México, 08 de septiembre del 2026.- La discusión sobre los alcances de la prisión preventiva oficiosa en México enfrenta un nuevo aplazamiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la ministra Yasmín Esquivel Mossa solicitó al Pleno ser declarada impedida para continuar como ponente de uno de los expedientes vinculados con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano.
La solicitud deberá ser resuelta primero por el Pleno. Si los ministros determinan que Esquivel Mossa debe apartarse del asunto, el expediente tendrá que ser turnado a otra ponencia para la elaboración de un nuevo proyecto, lo que podría prolongar aún más la resolución de fondo.
El expediente corresponde al amparo directo 5/2025, promovido por Daniel García Rodríguez contra la sentencia de 35 años de prisión que le fue impuesta por el asesinato de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán, Estado de México. El caso también está relacionado con los efectos de la sentencia internacional emitida en 2023.
García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz fueron detenidos en 2002 y permanecieron 17 años bajo prisión preventiva oficiosa sin recibir sentencia. Su proceso dio origen al caso “García Rodríguez y otro vs. México”, mediante el cual la CoIDH declaró la responsabilidad del Estado mexicano por diversas violaciones a derechos humanos y cuestionó la aplicación automática de esta medida cautelar.
La decisión de Esquivel Mossa se produjo después de que ambos promovieran un tercer impedimento para que la ministra dejara de intervenir en el expediente. En su informe, la integrante de la SCJN consideró que las opiniones que expresó previamente sobre el caso podrían poner en duda su imparcialidad.
Los primeros recursos estuvieron relacionados con declaraciones realizadas por la ministra durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2022, cuando se refirió a García Rodríguez y Alpízar Ortiz en términos que fueron cuestionados por sus defensores.
Uno de los impedimentos fue desechado por el entonces presidente de la Corte, mientras que en enero pasado el Pleno determinó por unanimidad que las declaraciones de Esquivel no comprometían su imparcialidad. El nuevo planteamiento, sin embargo, vuelve a colocar el asunto ante los ministros.
Exigen resolver caso pendiente
Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar acudieron a la sede de la Suprema Corte para demandar que el máximo tribunal del país deje de postergar la discusión relacionada con la prisión preventiva oficiosa.
García Rodríguez sostuvo que ha transcurrido un periodo considerable sin que exista un pronunciamiento de fondo sobre las implicaciones de la sentencia de la CoIDH y cuestionó que el expediente continúe pendiente.
Además del amparo directo, la SCJN tiene en trámite el expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2023, en el que deberá establecer de qué manera el Poder Judicial de la Federación debe participar en el cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana.
El retraso adquiere relevancia porque el tribunal internacional ordenó a México adecuar su legislación y prácticas relacionadas con la prisión preventiva oficiosa, al considerar que su aplicación automática contraviene los estándares interamericanos de derechos humanos.
Advierten consecuencias internacionales
El abogado Israel Calva Corro, representante de García Rodríguez, anunció nuevas acciones ante organismos internacionales ante lo que considera un incumplimiento de la sentencia de la CoIDH.
La defensa solicitará una audiencia pública ante la Corte Interamericana y buscará la intervención del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, con el argumento de que han transcurrido más de tres años sin que México cumpla plenamente con las obligaciones derivadas del fallo.
Calva Corro advirtió que la situación podría generar nuevas consecuencias internacionales para el Estado mexicano y sostuvo que la discusión no se limita al caso particular de sus representados, debido a que la prisión preventiva oficiosa puede afectar a cualquier persona sometida a un proceso penal.
El caso coloca nuevamente a la Suprema Corte ante una definición de alto impacto jurídico y político: determinar cómo debe armonizarse la aplicación de la prisión preventiva oficiosa prevista en el orden constitucional mexicano con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en materia de derechos humanos.