Golpe federal a presunta red de minería ilegal en Puebla
- Fuerzas federales y estatales aseguran casi 300 equipos y amplia infraestructura eléctrica; investigan posible conexión irregular a la red de la CFE
Ciudad de México, 07 de septiembre del 2026.- Una presunta operación clandestina dedicada a la minería de criptomonedas fue desmantelada en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla, durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, que permitió asegurar cerca de 300 equipos de cómputo especializados y diversa infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que la intervención fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina, con apoyo de corporaciones estatales. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.
Durante la acción fueron asegurados un transformador eléctrico de pedestal, alrededor de 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales, elementos que ahora son sometidos a revisión como parte de las investigaciones para determinar la forma en que operaba el inmueble.
Uno de los principales objetivos de las autoridades consiste en establecer si la instalación contaba con una conexión autorizada a la red eléctrica o si, por el contrario, utilizaba infraestructura de manera irregular. También se indaga si los activos virtuales que presuntamente se generaban mediante los equipos pudieron estar relacionados con operaciones destinadas a ocultar recursos de procedencia ilícita.
El inmueble se encuentra en Tlaola, municipio indígena ubicado en una zona montañosa de la Sierra Norte, aproximadamente a 230 kilómetros de la capital poblana y colindante con Chiconcuautla y Huauchinango.
La localidad tiene una población cercana a 20 mil habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y registra una importante presencia de población hablante de náhuatl. El municipio es gobernado por Simón Garrido Morgado, del Partido Acción Nacional (PAN).
La minería de criptomonedas requiere equipos informáticos con elevada capacidad de procesamiento para validar transacciones dentro de redes digitales y, en determinados sistemas, generar activos virtuales. Debido al alto consumo energético que implica esta actividad, las autoridades revisan particularmente el origen y legalidad del suministro eléctrico utilizado.
En México, la adquisición y minería de criptomonedas no constituye por sí misma una actividad prohibida. Sin embargo, pueden derivarse investigaciones cuando existen indicios de delitos relacionados con el suministro de electricidad, el manejo de recursos o el uso de activos virtuales para encubrir operaciones financieras ilícitas.
La SSP indicó que los bienes y el inmueble quedaron bajo resguardo de la autoridad correspondiente, mientras continúan las diligencias ministeriales y periciales para determinar las circunstancias en que se estableció la instalación y las posibles responsabilidades.
Las instituciones participantes señalaron que este tipo de infraestructura puede ser instalada en comunidades alejadas o de difícil acceso, donde el ruido permanente de los equipos y el elevado consumo eléctrico pueden pasar inadvertidos o dificultar su detección.
El operativo se inscribe en las acciones de inteligencia e investigación que realizan las autoridades para identificar estructuras financieras que pudieran estar vinculadas con organizaciones delictivas y con mecanismos destinados a facilitar el movimiento u ocultamiento de recursos.
La dependencia estatal adelantó que se ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar la información sobre el caso y proporcionar mayores detalles respecto de los equipos asegurados y las líneas de investigación abiertas.
El despliegue en Tlaola se suma a otros operativos realizados en Puebla para detectar instalaciones presuntamente relacionadas con la minería irregular de criptomonedas. En años recientes se han reportado intervenciones en inmuebles ubicados en San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, Puebla capital y Tehuacán.
En abril de 2025, el entonces secretario de Seguridad Pública estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González, señaló que autoridades habían identificado tres sitios con características similares en Puebla y Tlaxcala, presuntamente vinculados con el robo de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Uno de esos casos correspondió a instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas en Nuevo Necaxa, en la Sierra Norte poblana. Según la información difundida entonces, el inmueble se encontraba bajo control de personal de confianza de Miguel Márquez Ríos, secretario de Fomento y Previsión Social y diputado por el Partido Verde Ecologista de México.
Con el aseguramiento realizado en Tlaola, las autoridades buscan esclarecer el alcance de la operación y determinar si se trataba de una actividad de minería digital desarrollada al margen de las disposiciones correspondientes o si existían vínculos con posibles delitos relacionados con el uso irregular de electricidad y el manejo de recursos de procedencia ilícita.