Elección de 2027 perfila uno de los procesos más costosos de la historia electoral

• INE y Tribunal Electoral plantean un presupuesto de 51 mil millones de pesos; a nivel local se renovarán gubernaturas, congresos y miles de ayuntamientos

Ciudad de México, 06 de septiembre del 2026.- El proceso electoral de 2027 comenzará formalmente este jueves con el arranque de los trabajos del Instituto Nacional Electoral (INE), en una jornada que pondrá en disputa alrededor de 21 mil cargos de representación popular en todo el país y que, de concretarse el presupuesto solicitado, se perfila como uno de los comicios más costosos de la historia nacional.

Los órganos electorales federales, junto con el financiamiento público destinado a los ocho partidos políticos nacionales, plantean requerimientos por aproximadamente 51 mil millones de pesos. La cifra todavía deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por la Cámara de Diputados durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, prevista para noviembre.

El monto adquiere especial relevancia en el contexto de las finanzas públicas. De acuerdo con una comparación expuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, equivale aproximadamente a los intereses que México paga cada dos años por la deuda derivada del rescate bancario de la década de los noventa.

Dentro de este esquema, el INE solicita 13 mil 453 millones de pesos para organizar la elección, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) plantea otros 4 mil millones para atender la etapa jurisdiccional y resolver las impugnaciones que se generen durante el proceso.

Sin embargo, el costo electoral no se limita a la organización de la jornada. El anteproyecto contempla recursos adicionales para la operación permanente del INE, incluida la nómina de aproximadamente 18 mil trabajadores, así como una previsión de 4 mil millones de pesos destinada a eventuales consultas ciudadanas. Con ello, el presupuesto planteado para el Instituto asciende a cerca de 47 mil millones de pesos, mientras que el correspondiente al Tribunal Electoral se mantiene en 4 mil millones.

El organismo electoral sostiene que el crecimiento constante del padrón implica también una mayor infraestructura para la jornada, particularmente en el número de casillas que deberán instalarse en el territorio nacional.

La dimensión del presupuesto solicitado contrasta con ejercicios electorales anteriores. En 2021, cuando se realizó la elección intermedia, el INE contó con 8 mil 168 millones de pesos. Para 2024, año en que se renovaron la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y otros cargos, dispuso de 9 mil 355 millones.

Para 2027, pese a que se trata de una elección de menor alcance que la presidencial de 2024, el Instituto pretende obtener alrededor de 4 mil millones de pesos adicionales respecto de aquel ejercicio.

Entre los argumentos para justificar el incremento se encuentra la instalación de 176 mil 741 casillas, cifra considerada sin precedente y que representa 6 mil 738 más que las utilizadas en 2024. A ello se suma una inflación proyectada de 3 por ciento y el aumento en los costos del papel seguridad requerido para la impresión de las boletas.

En contraste, el TEPJF presentó una solicitud presupuestal más contenida y planteó recibir durante 2027 la misma cantidad asignada para el presente año, sin incorporar un incremento adicional por efectos inflacionarios.

El crecimiento del gasto electoral responde también a compromisos permanentes de las instituciones, entre ellos el pago de nóminas, la producción de credenciales para votar y la atención de miles de procedimientos y controversias jurisdiccionales. El propio INE reconoce, en un análisis reciente, una variación de 45.6 por ciento entre el gasto total ejercido en 2024 y el requerido para el proceso de 2027.

A este escenario se suma el financiamiento público de los partidos políticos, cuyos recursos se determinan mediante una fórmula establecida constitucionalmente. Para 2026, las prerrogativas ascienden a 7 mil 737 millones de pesos, mientras que para 2027 se prevé que alcancen aproximadamente 10 mil millones, debido también a la incorporación de dos nuevos partidos políticos nacionales.

El costo electoral tendrá además una dimensión estatal, debido a los recursos que deberán ejercer los Organismos Públicos Locales Electorales para organizar los comicios en las entidades federativas.

En el ámbito local se contempla la renovación de 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales en 31 entidades federativas y 2 mil 204 presidencias municipales. A ello se agregan 299 presidencias de comunidad, mil 975 sindicaturas, 132 juntas municipales, 16 alcaldías y 204 concejalías.

De esta manera, el proceso electoral de 2027 no sólo representará un amplio despliegue institucional para garantizar la organización y vigilancia de los comicios, sino también un importante desafío presupuestal para la Federación y los gobiernos estatales, en un escenario donde el costo de la democracia volverá a ocupar un lugar central en la discusión pública.