Seguridad nacional, nuevo eje para regular inversiones extranjeras
- Sheinbaum propone incorporar a Defensa, Marina y Seguridad a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; FGR, SAT y UIF participarían como invitados en la evaluación de operaciones sensibles
Ciudad de México, 31 de agosto del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera, con el propósito de fortalecer los mecanismos de supervisión sobre capitales foráneos que pretendan participar en sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional.
La propuesta contempla, por primera vez, la incorporación permanente de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participarían en calidad de invitados.
De acuerdo con la iniciativa, la modificación busca que la evaluación de posibles riesgos y amenazas derivados de adquisiciones o inversiones extranjeras cuente con una perspectiva especializada en materia de seguridad nacional y, al mismo tiempo, establezca con mayor claridad los supuestos que activarían los mecanismos de revisión.
El proyecto incorpora un nuevo apartado denominado “inversiones extranjeras sujetas a escrutinio de seguridad nacional”, mediante el cual se establece que las operaciones que superen determinados niveles de participación accionaria deberán contar con una resolución favorable de la Comisión.
La iniciativa señala que, “por razones de seguridad nacional”, será necesaria dicha autorización cuando la inversión extranjera, directa o indirectamente, supere 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana y el valor de sus activos rebase el monto que determine la propia Comisión mediante resolución general.
Entre las actividades sujetas a este mecanismo de supervisión se encuentran aquellas relacionadas con infraestructura estratégica física y virtual, particularmente en los sectores energético, transporte, sanitario, comunicaciones y minería, así como el tratamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, infraestructura aeroespacial y de defensa e instalaciones consideradas sensibles.
El proyecto también incorpora como áreas prioritarias las denominadas tecnologías críticas y productos de doble uso, entre ellas inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, tecnología cuántica y nuclear, además de nanotecnología y biotecnología.
La propuesta extiende el ámbito de revisión al suministro de insumos fundamentales, particularmente energía y materias primas, así como a asuntos relacionados con la seguridad alimentaria y el acceso a información sensible, incluidos datos personales o la capacidad de ejercer control sobre ellos.
El gobierno federal plantea que esta nueva estructura institucional permita anticipar y valorar eventuales riesgos para la seguridad nacional derivados de operaciones de capital extranjero, al tiempo que otorgue mayor certeza jurídica a las empresas e inversionistas respecto de los procedimientos de autorización.
Plazo de 60 días para resolver solicitudes
La iniciativa presidencial también establece reglas específicas para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Conforme al proyecto, el órgano tendrá un plazo de 60 días hábiles para resolver las solicitudes sometidas a su consideración, contados a partir de la presentación correspondiente.
El plazo podrá suspenderse una sola ocasión cuando la Comisión requiera información o documentación adicional a los interesados. En ese supuesto, las personas involucradas deberán atender el requerimiento dentro del periodo que establezca la autoridad, que no podrá ser menor de cinco días hábiles ni superior a 30.
Con estas modificaciones, el gobierno de Sheinbaum busca consolidar un esquema de revisión interinstitucional de las inversiones extranjeras que involucren infraestructura, tecnologías, información y recursos considerados estratégicos, colocando la protección de la seguridad nacional como uno de los criterios centrales para autorizar operaciones de gran alcance.