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Golpea UIF las finanzas del crimen organizado; bloquea 24 mil cuentas

  • En la actual administración han sido inmovilizados 8 mil 670 millones de pesos mediante acciones de inteligencia financiera; casi 32% de las cuentas está relacionado con grupos delictivos

Ciudad de México, 29 de agosto del 2026.- La estrategia del gobierno federal para combatir las estructuras económicas del crimen organizado ha derivado en el bloqueo de 24 mil 662 cuentas bancarias, con recursos por 8 mil 670 millones de pesos, informó Omar Bravo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Durante la actual administración, la UIF ha incorporado a 2 mil 395 personas al grupo de sujetos bloqueados por su presunta participación en operaciones financieras ilícitas. La medida busca cerrar el paso al uso del sistema bancario para movilizar recursos relacionados con actividades delictivas.

Al presentar un balance de las acciones de inteligencia financiera, Bravo destacó que 7 mil 861 de las cuentas inmovilizadas están vinculadas con integrantes de organizaciones del crimen organizado. Esta cifra representa 31.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas.

El funcionario sostuvo que la intervención sobre los recursos económicos permite afectar directamente la capacidad operativa de los grupos criminales, al impedir que dispongan libremente del dinero y utilicen las instituciones financieras para sostener sus actividades.

“Se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales, se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y se fortalece la coordinación institucional e interinstitucional”, afirmó.

Ciudad de México y Jalisco, entre las entidades con más bloqueos

Las operaciones detectadas por la UIF abarcan prácticamente todo el territorio nacional. Entre las entidades que concentran un mayor número de cuentas inmovilizadas se encuentran la Ciudad de México, con 2 mil 300; Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.

Bravo señaló que las medidas forman parte de un esquema de coordinación entre distintas instituciones del Estado mexicano, entre ellas las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, además de la Fiscalía General de la República.

La estrategia combina información financiera con investigaciones de seguridad y procuración de justicia para identificar personas, cuentas y estructuras utilizadas para el movimiento de recursos de origen presuntamente ilícito.

Extorsión, otro frente de inteligencia financiera

La UIF también incorporó el seguimiento de los recursos derivados de la extorsión como uno de los componentes de la Estrategia Nacional contra este delito.

Desde el ámbito financiero, explicó Bravo, se busca identificar las cuentas empleadas para recibir, transferir y disponer del dinero obtenido mediante prácticas de extorsión.

Como resultado de estas investigaciones, mil 443 cuentas han sido inmovilizadas por su presunta relación con casos de extorsión, lo que representa 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas.

El funcionario señaló que rastrear el flujo del dinero permite identificar no sólo a quienes reciben los recursos, sino también las estructuras financieras que participan en su movilización.

Coordinación nacional e internacional

Para ampliar la capacidad de detección y seguimiento de operaciones sospechosas, la UIF reforzó la colaboración con organismos del sector financiero y autoridades nacionales e internacionales.

Entre las instituciones con las que mantiene coordinación se encuentran la Asociación de Bancos de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La estrategia también contempla mecanismos de cooperación internacional para intercambiar información financiera y detectar operaciones que puedan trascender las fronteras nacionales.

Con estas acciones, el gobierno federal busca colocar el combate a las finanzas ilícitas como un componente estratégico de la política de seguridad, bajo la premisa de que afectar los recursos económicos de las organizaciones criminales limita su capacidad para operar, financiar actividades delictivas y utilizar el sistema financiero formal.

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