Batres cuestiona aumento presupuestal de la Corte y denuncia restitución de privilegios
- La ministra advierte que la SCJN pretende solicitar 6 mil 104 millones de pesos para 2027, un incremento de 17.2 por ciento; también reprocha la reactivación de seguros médicos para más de 300 funcionarios
Ciudad de México, 13 de agosto del 2026.- La ministra Lenia Batres Guadarrama volvió a confrontar públicamente a sus pares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora por la propuesta presupuestal para 2027, al denunciar que el nuevo Pleno pretende recuperar prestaciones y privilegios que, aseguró, habían sido eliminados en ejercicios anteriores como parte de las medidas de austeridad republicana.
A través de un oficio dirigido al Órgano de Administración Judicial (OAJ), que posteriormente difundió en redes sociales, la ministra advirtió que la Corte solicitará para el próximo año un presupuesto de 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos, monto que representa un incremento de 17.2 por ciento respecto de los recursos autorizados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2026.
Batres Guadarrama sostuvo que el aumento presupuestal representa un retroceso en materia de austeridad y pidió al órgano administrativo del Poder Judicial eliminar los beneficios que, a su juicio, ya habían sido suprimidos.
La ministra señaló que desde su incorporación a la SCJN, en diciembre de 2023, asumió el compromiso de aplicar los principios de austeridad republicana establecidos en la Constitución y cuestionó que el actual Pleno, encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, haya aprobado el anteproyecto presupuestal sin realizar, dijo, una revisión suficiente de los gastos que podrían reducirse.
De acuerdo con el documento, el pasado 6 de agosto el Pleno aprobó, en sesión privada, solicitar los más de 6 mil millones de pesos para el ejercicio 2027. Batres consideró particularmente cuestionable que la petición supere los recursos solicitados por la actual administración de la Corte, pese a que durante 2026 el máximo tribunal opera con un presupuesto inferior al planteado por la anterior integración, encabezada por la ministra en retiro Norma Piña Hernández.
La ministra también señaló que permanecen pendientes ajustes en las pensiones de ex ministros y ex ministras, así como la eliminación de plazas destinadas a ellos. Según los datos que incorporó en su oficio, la primera medida representaría un ahorro superior a 54 millones de pesos, únicamente por el excedente, mientras que la segunda implicaría alrededor de 39 millones de pesos si se mantiene una sola plaza.
Batres advirtió que, de aprobarse el proyecto por el Órgano de Administración Judicial y posteriormente por la Cámara de Diputados, quedarían sin efecto los esfuerzos de austeridad emprendidos previamente dentro del Poder Judicial.
Sostuvo que los recursos públicos deben orientarse prioritariamente al gasto sustantivo del Estado mexicano y a mejorar las condiciones de vida de la población, en concordancia con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Cuestiona restitución de seguros médicos
Otro de los puntos que generó la inconformidad de la ministra fue la decisión del Pleno de restituir, dentro del anteproyecto presupuestal, el seguro de gastos médicos mayores para más de 300 personas servidoras públicas, incluidos mandos medios y superiores.
Batres sostuvo que la medida fue aprobada “sin estudio previo” y recordó que esa prestación había sido eliminada durante el ejercicio anterior.
Según su planteamiento, los ministros que respaldaron la restitución argumentaron que se trataba de una medida necesaria para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, conforme al décimo transitorio de la reforma judicial.
Sin embargo, la ministra sostuvo que la Ley Federal de Austeridad Republicana establece restricciones expresas para la contratación de seguros de gastos médicos privados con recursos públicos, salvo cuando estén contemplados en disposiciones generales, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos.
Por ello, consideró que la prestación no puede justificarse como un derecho adquirido de los trabajadores, particularmente en el caso de los mandos superiores.
Batres informó que votó en contra del presupuesto en su conjunto debido al incremento propuesto y también rechazó la restitución de los seguros de gastos médicos mayores.
Además, solicitó que el personal adscrito a su ponencia quedara excluido de esas prestaciones. Precisó que desde su llegada a la SCJN, ni ella ni las 95 personas que integran su equipo han recibido seguro de gastos médicos mayores ni seguro de separación individualizada.
La ministra también atribuyó a su postura crítica parte de las diferencias que mantiene con los integrantes del renovado Pleno. En el mensaje que acompañó la publicación del oficio, sostuvo que sus señalamientos han generado una reacción adversa entre sus compañeros y compañeras, situación que, afirmó, quedó expuesta durante la sesión en la que se discutió el proyecto presupuestal.
La nueva confrontación al interior de la Suprema Corte coloca nuevamente en el centro del debate el alcance de la política de austeridad dentro del Poder Judicial, particularmente en un momento en que la nueva integración del máximo tribunal busca definir sus prioridades administrativas y presupuestales para los próximos ejercicios.