Caso Wallace: retiran restricciones a Brenda Quevedo después de 20 años
- Juez federal levanta arraigo domiciliario y retira brazalete electrónico; la procesada seguirá enfrentando el proceso por el llamado caso Wallace
Ciudad de México, 08 de agosto del 2026.- Después de dos décadas sin que se dicte una sentencia definitiva en su contra, Brenda Quevedo Cruz podrá enfrentar en condiciones distintas el proceso penal que se inició en 2005 por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Wallace Miranda, luego de que un juez federal ordenara levantar las principales medidas cautelares que restringían su movilidad.
Tras una audiencia de casi 12 horas, el encargado de despacho del primer Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Alfredo Buendía, determinó poner fin al arraigo domiciliario y retirar el brazalete electrónico que Quevedo portó durante más de un año.
La resolución fue emitida después de que la defensa solicitara la revisión de las medidas cautelares impuestas en junio de 2024, entre ellas el resguardo domiciliario, la vigilancia permanente de la Guardia Nacional, el dispositivo electrónico, la prohibición de abandonar la zona conurbada o salir del país y la restricción de acercarse a la parte acusadora.
La abogada Karla Salas argumentó ante el juzgado que las circunstancias que dieron origen a dichas restricciones habían cambiado de manera sustancial. Entre los nuevos elementos destacó el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, quien durante años sostuvo la acusación contra Quevedo.
Para respaldar la solicitud, la defensa presentó 44 datos de prueba, de los cuales 39 fueron admitidos por el juez. Los elementos incluyeron dictámenes, informes oficiales y peritajes relacionados con la salud de la procesada, su entorno familiar y la inexistencia, según la defensa, de condiciones que permitan considerar que existe riesgo de fuga.
También fueron presentados documentos y evaluaciones elaborados con participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Guardia Nacional y especialistas independientes.
Como medida alternativa, la defensa propuso que Quevedo acuda mensualmente a firmar ante el juzgado y que mantenga la prohibición de abandonar el territorio nacional mientras continúa el proceso.
La representación de la parte acusadora cuestionó la modificación de las restricciones y señaló que una persona identificada como víctima indirecta, con las iniciales AIWM, manifestó sentirse en riesgo.
La defensa respondió con documentos previos en los que tanto el asesor jurídico de Alto al Secuestro como la propia persona identificada como AIWM habían señalado que no requerían protección de la Guardia Nacional ni de alguna otra corporación.
La parte acusadora estuvo representada durante la diligencia por el asesor jurídico de Alto al Secuestro, Yohann Torres; la persona identificada como víctima indirecta AIWM y la coordinadora de agentes del Ministerio Público de la Federación, Karen González.
La audiencia se realizó de manera virtual desde el domicilio de Quevedo, comenzó al mediodía y se extendió hasta después de la medianoche. Las partes tuvieron oportunidad de presentar sus elementos de prueba y formular sus alegatos.
La solicitud de revisión había sido presentada desde marzo, pero fue rechazada inicialmente. Finalmente, el juzgado determinó abrir una nueva fecha para analizar las condiciones cautelares y celebró la diligencia este 7 de agosto.
Dos décadas bajo proceso
El expediente contra Brenda Quevedo se remonta a 2005, cuando fue señalada por Isabel Miranda de Wallace por su presunta participación en el secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Wallace Miranda, cuyo nombre también aparece como Hugo León Miranda en documentación relacionada con el caso.
Junto con Quevedo fueron acusados Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo.
Juana Hilda González obtuvo su libertad hace dos años después de que las autoridades determinaran que una declaración autoinculpatoria había sido obtenida bajo actos de tortura. Los demás acusados permanecen privados de la libertad, de acuerdo con la información proporcionada por la defensa.
Uno de los principales cuestionamientos de los representantes legales de Quevedo ha sido la forma en que se integró la investigación. La defensa sostiene que buena parte de las acusaciones contra los procesados se sustentó en declaraciones autoincriminatorias obtenidas mediante tortura y afirma que, en el caso de Brenda, nunca existió una confesión firmada.
Estos señalamientos forman parte de la controversia jurídica que rodea al denominado caso Wallace y no constituyen por sí mismos una determinación judicial sobre la responsabilidad de los involucrados.
Tras el fallecimiento de Miranda de Wallace, la defensa ha insistido en la necesidad de revisar las actuaciones ministeriales y judiciales acumuladas durante los últimos 20 años, bajo el argumento de que existen elementos que deben ser nuevamente analizados.
Quevedo también ha cuestionado que el expediente permanezca abierto después de dos décadas sin una resolución definitiva y ha señalado la necesidad de determinar si funcionarios públicos incurrieron en irregularidades durante la integración de la investigación.
La decisión del juzgado modifica las condiciones bajo las cuales Brenda Quevedo continuará enfrentando el proceso, pero no representa una sentencia absolutoria ni implica el cierre del expediente. La causa permanece en etapa de instrucción y deberá continuar hasta que la autoridad judicial determine, con base en las pruebas admitidas, si existe o no responsabilidad penal.
Después de 20 años, el caso entra así en una nueva etapa judicial, marcada por el retiro de restricciones que durante los últimos años limitaron severamente la movilidad de Quevedo, mientras permanece pendiente una resolución definitiva sobre las acusaciones que dieron origen al expediente.