FGR detiene a Ángel Aguirre por presunto ocultamiento de evidencias en el caso Ayotzinapa
- El ex gobernador de Guerrero fue capturado en el Estado de México tras una orden de aprehensión derivada del nuevo modelo de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas; fue trasladado al penal federal del Altiplano.
Ciudad de México, 06 de agosto del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el delito de ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La institución informó que la aprehensión forma parte del nuevo modelo de investigación y del reanálisis de las actuaciones realizadas en torno al caso, proceso que permitió desarrollar nuevas líneas de investigación y recabar elementos que, según el Ministerio Público Federal, acreditan la posible participación del ex mandatario estatal en acciones encaminadas a impedir el esclarecimiento del paradero de los normalistas.
En un comunicado, la FGR precisó que, con base en los nuevos indicios obtenidos durante la investigación, solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por las autoridades federales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, tras su captura, Aguirre Rivero fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde quedó a disposición de la autoridad competente.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el ex gobernador de Guerrero, quien encabezó la administración estatal entre 2011 y 2014, fue detenido a las 9:46 horas de este jueves en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, durante un operativo encabezado por personal de la SSPC.
La detención representa uno de los avances más relevantes dentro de la nueva etapa de las investigaciones del caso Ayotzinapa, en las que la FGR busca fincar responsabilidades penales a servidores públicos presuntamente involucrados en actos que habrían obstaculizado el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.