EE. UU. coloca al CJNG en el centro de su estrategia de seguridad

• La administración de Donald Trump amplía su estrategia contra el cártel Jalisco Nueva Generación al presentar nuevas acusaciones contra ocho de sus presuntos dirigentes, imponer restricciones migratorias y advertir que la persecución judicial se extenderá más allá de sus fronteras.

Washington, 06 de agosto del 2026.- La administración del presidente Donald Trump reforzó su política de combate al crimen organizado transnacional al anunciar un nuevo paquete de acciones contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización catalogada por Estados Unidos como «organización terrorista extranjera». La estrategia contempla nuevos procesos judiciales contra integrantes de su cúpula, el incremento de recompensas para lograr su captura, sanciones migratorias a personas vinculadas con la organización y un mensaje de endurecimiento en la persecución de sus operadores.

Durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el procurador general interino, Todd Blanche, informó que fueron presentadas acusaciones penales contra Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro; Hugo Mendoza Gaytán, El Sapo; Ricardo Ruiz Velasco, El Ruiz; Julio César Montero Pinzón, El Tarjetas; y Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma.

Con estas acciones, suman ocho los presuntos líderes del CJNG sujetos a procesos penales en Estados Unidos, luego de las acusaciones previamente formuladas contra Juan Carlos Valencia González, conocido como El Pelón; Audias Flores Silva, El Jardinero; y Francisco Javier Gudiño Haro, alias La Gallina.

Como parte del operativo, el Departamento de Estado anunció recompensas que en conjunto superan los 100 millones de dólares para quien aporte información que conduzca a la localización y captura de los señalados. Destaca el aumento a 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, además de una recompensa de dos millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, identificada por las autoridades como colaboradora de la organización.

Washington también informó la cancelación de visas a 65 personas señaladas como familiares o socios de integrantes del CJNG, medida con la que busca cerrar espacios de operación y limitar el respaldo financiero y logístico de la estructura criminal.

Blanche sostuvo que las organizaciones dedicadas al narcotráfico representan una amenaza directa para la seguridad estadounidense y afirmó que su gobierno empleará todos los recursos legales disponibles para detener a los responsables, independientemente del país en el que se encuentren.

El mensaje fue respaldado por representantes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras agencias federales. El titular de la DEA, Terry Cole, aseguró que el CJNG mantiene su capacidad operativa mediante redes de violencia y corrupción establecidas en México, e incluso señaló que algunos funcionarios brindan protección a integrantes del grupo criminal y facilitan actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

El funcionario identificó a Juan Carlos Valencia González como uno de los principales objetivos de la agencia y advirtió que la ofensiva apenas comienza. Afirmó que la DEA mantendrá las investigaciones contra integrantes de la organización y cualquier persona que, desde el servicio público o la iniciativa privada, contribuya a sus operaciones.

Las autoridades estadounidenses aprovecharon el anuncio para destacar los resultados obtenidos durante la administración Trump en materia de combate al narcotráfico, entre ellos las condenas dictadas contra Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán y dos de sus hijos.

En ese contexto, el procurador general asistente, A. Tyson Duva, afirmó que, tras incrementar la presión sobre el cártel de Sinaloa, el gobierno estadounidense concentra ahora sus esfuerzos en debilitar al CJNG. Añadió que desde el inicio de la actual administración se han concretado más de 200 extradiciones y expulsiones de personas vinculadas con organizaciones criminales.

Asimismo, reveló que tres de los ocho acusados enfrentan cargos adicionales por un presunto fraude cercano a los 400 millones de dólares relacionado con la comercialización de tiempos compartidos, esquema que habría afectado a alrededor de seis mil ciudadanos estadounidenses, principalmente adultos mayores.

Aunque el discurso oficial enfatizó la coordinación con aliados internacionales, las referencias a la cooperación bilateral con México fueron limitadas. Únicamente al responder preguntas de la prensa, el administrador de la DEA confirmó que mantiene comunicación permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y sostuvo que ambos gobiernos continúan colaborando en el intercambio de información para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.