UNAM rescinde contrato con empresa responsable del examen de ingreso en línea

• La Universidad pone fin de manera anticipada al convenio con Territorium Life tras las fallas registradas en la aplicación de la prueba; una auditoría determinará posibles responsabilidades y eventuales sanciones.

Ciudad de México, 05 de agosto del 2026.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio por concluido de manera anticipada el contrato con la empresa Territorium Life, encargada de la aplicación del examen de ingreso a licenciatura en modalidad virtual, luego de las irregularidades detectadas durante el proceso de evaluación.

El abogado general de la institución, Hugo Concha Cantú, informó que la decisión forma parte de las medidas adoptadas por la máxima casa de estudios para esclarecer las fallas registradas en el concurso de admisión, aunque precisó que, por el momento, no existe una base jurídica para imponer sanciones económicas o reclamar el pago de multas a la empresa.

Explicó que la Universidad llevará a cabo una auditoría tecnológica, además de una revisión interna del procedimiento mediante el cual fue adjudicado el contrato, con el propósito de determinar el origen de las anomalías y establecer, con sustento técnico y legal, las responsabilidades correspondientes.

Concha Cantú enfatizó que el objetivo de las investigaciones no es eximir ni responsabilizar anticipadamente a la empresa, sino garantizar que cualquier decisión se sustente en evidencia técnica y jurídica.

Precisó que la auditoría tecnológica será realizada por una firma especializada, cuya participación fue acordada entre la UNAM y Territorium Life para asegurar una evaluación independiente del funcionamiento de la plataforma utilizada durante la aplicación del examen.

En la misma conferencia, el secretario administrativo de la Universidad, Tomás Rubio, informó que el monto total contratado con la empresa ascendió a 69 millones 189 mil 760 pesos, recursos destinados a la aplicación de los exámenes de ingreso para bachillerato y licenciatura.

Del total, 27.2 millones de pesos correspondieron al proceso de admisión de 103 mil 221 aspirantes al nivel medio superior, mientras que 41 millones 907 mil 830 pesos fueron destinados a la evaluación de 158 mil 558 aspirantes a licenciatura.

Respecto a la posibilidad de exigir una indemnización o penalización económica, el abogado general reiteró que la Universidad deberá esperar las conclusiones de la auditoría antes de iniciar cualquier procedimiento legal contra la empresa.

En cuanto a los recursos de amparo promovidos por aspirantes inconformes con los resultados del proceso de admisión, Concha Cantú señaló que hasta el momento se han presentado diez demandas. No obstante, puntualizó que la interposición de dichos recursos constituye un derecho de los participantes, aunque ello no implica que los órganos jurisdiccionales estén obligados a concederlos o resolverlos en favor de los promoventes.