Oposición y Morena intercambian acusaciones por señalamientos sobre Marina del Pilar Ávila
- El caso de las presuntas conversaciones de la gobernadora de Baja California con representantes estadounidenses mantiene el debate político en el Congreso; PAN y PRI exigen investigaciones, mientras Morena acusa una campaña sin pruebas.
Ciudad de México, 15 de julio del 2026.- El intercambio de acusaciones entre las fuerzas políticas por el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se intensificó en el Congreso de la Unión, luego de que legisladores de oposición exigieron que la mandataria se separe del cargo, mientras Morena rechazó que existan elementos que acrediten la comisión de algún delito.
El debate surgió tras los señalamientos relacionados con supuestas conversaciones de la gobernadora con representantes del gobierno de Estados Unidos, en las que presuntamente habría compartido información reservada en materia de seguridad. Ante ello, integrantes del PRI y el PAN acusaron una posible afectación a la seguridad nacional, mientras legisladores morenistas denunciaron una campaña política en contra de la mandataria estatal.
Previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente del Senado, el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, afirmó que hasta el momento no existe ninguna prueba o evidencia que sustente las acusaciones contra la gobernadora de Baja California.
El legislador sostuvo que tampoco se ha presentado una explicación oficial por parte de alguna agencia estadounidense o del gobierno de ese país respecto a la revocación de la visa de la mandataria estatal, por lo que consideró que los señalamientos difundidos públicamente carecen de fundamentos comprobables.
«Hoy no conocemos una sola acusación de una agencia extranjera o del gobierno de Estados Unidos que nos dé una justificación o explique la razón por la cual se le revocó la visa», afirmó.
Ávila cuestionó el origen de las acusaciones y pidió conocer quién impulsa los señalamientos en contra de la gobernadora, al considerar que forman parte de una estrategia mediática sin pruebas contundentes.
Respecto a las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, sobre una presunta «conexión mortal» entre grupos del narcotráfico y autoridades mexicanas, el legislador morenista señaló que la agencia estadounidense también debería informar sobre las organizaciones criminales que operan en su territorio y el flujo ilegal de armas y recursos financieros.
Afirmó que el combate al crimen organizado representa una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos, por lo que llamó a fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral.
PAN y PRI exigen esclarecer los señalamientos
Desde la oposición, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, calificó como «gravísimas» las presuntas conversaciones de la gobernadora de Baja California con autoridades estadounidenses y aseguró que, de comprobarse la entrega de información confidencial a cambio de beneficios personales, podría configurarse un delito.
El legislador panista pidió que Marina del Pilar Ávila solicite licencia al cargo y que se inicie una investigación para determinar si existieron responsabilidades legales.
Asimismo, sostuvo que las declaraciones del director de la DEA deben ser atendidas por las instituciones mexicanas y pidió esclarecer cualquier posible vínculo entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que los señalamientos realizados por el funcionario estadounidense no deben ser ignorados, aunque tampoco deben darse por ciertos sin una investigación formal.
La legisladora afirmó que corresponde a las autoridades mexicanas realizar las indagatorias necesarias para determinar si existen responsabilidades y evitar cualquier tipo de encubrimiento político.
En tanto, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, calificó el caso como un asunto de gravedad nacional y acusó al gobierno federal de intentar minimizar los señalamientos contra integrantes de Morena.
El legislador priista afirmó que las autoridades deben establecer mecanismos de diálogo con Estados Unidos para aclarar las acusaciones y evitar que la relación bilateral en materia de seguridad se deteriore.
El caso mantiene abierto el debate político entre el oficialismo y la oposición, mientras se espera que las autoridades correspondientes determinen si existen elementos para iniciar investigaciones formales.