Guadalajara solicita respaldo federal para atender crisis por calidad del agua
- La alcaldesa Verónica Delgadillo plantea desde el Senado la asignación de recursos extraordinarios y reclama que Jalisco no ha recibido recursos del FAIS retenidos por la Federación.
Ciudad de México, 15 de julio del 2026.- Desde la sede del Senado de la República, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, hizo un llamado al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión para destinar recursos presupuestales que permitan atender la problemática de la calidad del agua que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La edil sostuvo que, si bien el Gobierno de Jalisco ha emprendido acciones para hacer frente a la situación mediante una inversión estatal de cinco mil millones de pesos, es indispensable que la Federación asuma la responsabilidad que le corresponde y participe financieramente en la solución de este problema.
«El estado está haciendo lo propio con esta inversión de cinco mil millones de pesos, pero hoy sí venimos a pedirle a la Federación que haga lo que le toca; necesitamos su apoyo. Guadalajara, su área metropolitana y el estado requieren un trato justo», expresó.
Delgadillo recordó que hace más de un año y medio se acordó destinar el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de todos los municipios del país, medida que, afirmó, representó alrededor de 14 mil millones de pesos. Sin embargo, aseguró que Guadalajara y el estado de Jalisco no han recibido recursos derivados de ese mecanismo.
«De esos fondos retirados, que equivalen aproximadamente al presupuesto anual de nuestra ciudad, no ha llegado un solo peso a Guadalajara ni a Jalisco», señaló.
Ante este escenario, la alcaldesa solicitó al Congreso de la Unión considerar la asignación de recursos extraordinarios para la capital jalisciense, ya sea a través de fondos metropolitanos, del Fondo de Capitalidad o mediante otros mecanismos presupuestales que permitan atender la crisis en la calidad del agua.
Finalmente, sostuvo que la asignación de estos recursos respondería a un criterio de justicia social y contribuiría a garantizar el acceso de la población a un servicio de agua potable con condiciones adecuadas de calidad.
