Escala la tensión entre Estados Unidos y Cuba tras nuevas exigencias y sanciones de Washington
- Marco Rubio condiciona un cambio en la relación bilateral a la implementación de reformas políticas y económicas en la isla, mientras el gobierno cubano rechaza las acusaciones y atribuye la crisis energética al endurecimiento del bloqueo estadounidense.
Washington, 12 de julio del 2026.- La relación entre Estados Unidos y Cuba volvió a tensarse luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, exigiera al gobierno de la isla emprender reformas políticas y económicas, al tiempo que advirtió que Washington continuará incrementando la presión diplomática y económica sobre La Habana.
En un pronunciamiento emitido con motivo del aniversario de las protestas registradas en Cuba en julio de 2021, el funcionario sostuvo que el gobierno cubano mantiene vínculos con actores considerados adversarios de Estados Unidos, lo que, afirmó, representa un riesgo para la seguridad nacional de su país debido a la presunta presencia de operaciones militares y de inteligencia extranjeras en territorio cubano.
Sin embargo, Rubio no presentó pruebas que respaldaran dichas afirmaciones ni precisó a qué gobiernos u organizaciones hacía referencia en sus señalamientos.
Asimismo, aseguró que la administración del presidente Donald Trump continuará utilizando los instrumentos políticos, diplomáticos y económicos a su alcance para presionar al gobierno cubano e impulsar cambios estructurales que, desde la perspectiva de Washington, permitan mejorar las condiciones políticas y económicas de la isla.
El secretario de Estado afirmó que las autoridades cubanas deben comprometerse con reformas que favorezcan la estabilidad, la prosperidad y la apertura política, al considerar que el país enfrenta un deterioro económico sostenido, marcado por problemas de abastecimiento, interrupciones en el servicio eléctrico y dificultades sociales. En su declaración no hizo referencia al embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas ni a las restricciones adicionales impuestas en los últimos años.
Como parte de esta estrategia, el Departamento de Estado anunció nuevas restricciones de visado contra el presidente Miguel Díaz-Canel; el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera; el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, así como contra funcionarios del sistema judicial y penitenciario, a quienes responsabiliza de presuntas violaciones a los derechos humanos derivadas de las detenciones ocurridas durante las manifestaciones de julio de 2021.
En respuesta, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones formuladas por Washington y negó categóricamente la existencia de instalaciones militares chinas o rusas en territorio cubano, como ha sostenido el gobierno estadounidense. Durante una entrevista concedida recientemente al medio británico Sky News, el mandatario calificó esos señalamientos como construcciones basadas en desinformación y sostuvo que no existe evidencia que sustente tales afirmaciones.
Paralelamente, el gobierno cubano informó sobre un nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional, situación que profundiza la crisis energética que enfrenta el país. Díaz-Canel reconoció la complejidad del escenario, aunque destacó el trabajo del personal técnico para restablecer el suministro eléctrico y atribuyó las dificultades al endurecimiento de las restricciones estadounidenses sobre el suministro de combustibles.
En el mismo sentido, el canciller Bruno Rodríguez responsabilizó al bloqueo económico y al reforzamiento de las sanciones estadounidenses del agravamiento de la situación energética, al considerar que dichas medidas constituyen un mecanismo de presión que afecta directamente a la población cubana.
Los nuevos intercambios de declaraciones reflejan la persistencia de las diferencias entre Washington y La Habana, en un contexto de creciente presión diplomática y de continuidad de las políticas de sanciones impulsadas por la actual administración estadounidense, mientras el gobierno cubano insiste en que el embargo económico constituye uno de los principales factores que limitan la recuperación de su economía.