Partidos adelantan procesos internos rumbo a 2027; INE busca fortalecer la regulación de la contienda
- La actividad política anticipada se intensifica en el país mientras el Instituto Nacional Electoral plantea lineamientos para fiscalizar gastos y preservar la equidad electoral antes del inicio formal del proceso 2026-2027.
Ciudad de México, 12 de julio del 2026.- A más de medio año del inicio oficial de las precampañas y nueve meses antes del arranque de las campañas electorales, los partidos políticos nacionales —con excepción de las dos fuerzas de reciente registro— comenzaron de manera formal e informal los procesos internos para perfilar a quienes buscarán las candidaturas en los comicios de 2027.
Esta etapa, conocida en el ámbito político como la «pre-pre-precampaña», se desarrolla sin una regulación específica en la Constitución ni en la legislación electoral vigente. Su realización encuentra sustento en una resolución emitida en 2023 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual validó este tipo de ejercicios internos siempre que respeten los principios constitucionales que rigen la competencia electoral.
En aquella resolución, la Sala Superior determinó que los procesos extraordinarios implementados en ese momento por Morena y el entonces frente opositor no constituían actos ilegítimos, al considerar que los partidos tienen derecho a establecer mecanismos internos para evaluar los perfiles de sus posibles aspirantes.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo en su momento que resulta legítimo que los institutos políticos establezcan filtros y desarrollen procedimientos orientados a valorar las capacidades y características de sus liderazgos antes de definir sus candidaturas.
Como parte de esa resolución, el TEPJF instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) a elaborar lineamientos generales que permitan regular y fiscalizar este tipo de procesos anticipados.
En ese contexto, el consejero electoral Arturo Castillo Loza ha reiterado la necesidad de contar con un marco normativo más sólido que permita supervisar las actividades políticas previas al proceso electoral 2026-2027, cuyo inicio está previsto para la primera semana de septiembre.
El consejero explicó que el propósito es que la autoridad electoral pueda fiscalizar desde esta etapa los recursos empleados por los actores políticos y garantizar condiciones de equidad entre quienes eventualmente competirán por cargos de elección popular. Señaló además que, en caso de acreditarse actos anticipados de precampaña o campaña, los gastos derivados de esas actividades podrían contabilizarse dentro de los topes de gastos de campaña correspondientes.
Asimismo, precisó que la difusión de mensajes relacionados con estos procesos internos debe dirigirse exclusivamente a la militancia de cada partido, por lo que no resulta procedente el uso de las prerrogativas en radio y televisión destinadas a la comunicación institucional de los partidos políticos.
Castillo Loza rechazó que el INE pretenda asumir funciones legislativas y sostuvo que la elaboración de lineamientos responde al mandato emitido por el Tribunal Electoral, el cual obliga a la autoridad administrativa a proteger la equidad y la igualdad en la contienda, incluso antes del inicio formal del proceso electoral.
De acuerdo con información actualizada al 4 de julio por las 32 vocalías ejecutivas del INE, se ha detectado propaganda política impresa y digital en 27 entidades federativas. A ello se suma la difusión de al menos 11 entrevistas en medios nacionales con actores políticos que han manifestado públicamente su interés por competir en las elecciones de 2027, así como la renuncia o solicitud de licencia de 54 servidores públicos en 17 estados del país.
En este escenario, las vocalías ejecutivas reportaron la presentación de 437 quejas o denuncias en 23 entidades federativas, además de una denuncia promovida de oficio por una vocalía del propio Instituto. Como resultado de estos procedimientos, autoridades electorales nacionales y locales han emitido 29 medidas cautelares en 11 estados, mientras que en al menos 15 entidades existen reclamos por presunta inacción de los organismos electorales frente a las actividades políticas anticipadas.