Corte definirá si atrae caso que pone a prueba la protección legal de la obra de Frida Kahlo
- El litigio enfrenta el derecho de propiedad con la preservación del patrimonio artístico nacional y podría sentar un precedente sobre la exportación definitiva de bienes culturales.
Ciudad de México, 07 de julio del 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este miércoles si ejerce su facultad de atracción para conocer el juicio de amparo que cuestiona la constitucionalidad del decreto presidencial emitido en 1984, mediante el cual se declaró monumento artístico la totalidad de la obra de Frida Kahlo y se prohibió su exportación definitiva.
La decisión del máximo tribunal reviste especial relevancia, ya que permitirá definir los alcances de la protección constitucional del patrimonio cultural mexicano y establecer criterios sobre la relación entre las facultades del Estado para preservar bienes artísticos y los derechos de los particulares que poseen este tipo de obras.
El procedimiento judicial deriva de la solicitud presentada por Banco Ve por Más ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para obtener autorización de exportar de manera definitiva la pintura Autorretrato de Medallón, realizada por Frida Kahlo en 1948.
La petición fue rechazada por el instituto con fundamento en el decreto presidencial publicado durante la administración de Miguel de la Madrid, el cual protege toda la producción artística de la pintora mexicana —incluidas pinturas, obra gráfica, grabados y documentos técnicos, sin importar si pertenecen al Estado o a particulares— al considerarla parte del patrimonio artístico nacional.
En su demanda, la institución financiera sostiene que la prohibición absoluta de exportación podría exceder lo previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, cuyo artículo 16 contempla la posibilidad de autorizar la salida temporal o definitiva del país de bienes artísticos de propiedad privada bajo determinadas condiciones.
Como antecedente, en noviembre de 2025 una jueza federal determinó mantener la vigencia del decreto presidencial al considerar que el Ejecutivo actuó dentro de sus atribuciones constitucionales para proteger el patrimonio cultural de la nación. No obstante, concedió el amparo al estimar que la resolución emitida por el INBAL presentaba deficiencias en su fundamentación y motivación.
La resolución fue impugnada por ambas partes y, posteriormente, un tribunal colegiado concluyó que el asunto posee interés y trascendencia excepcionales, por lo que solicitó a la Suprema Corte asumir directamente su conocimiento.
En caso de atraer el expediente, la SCJN deberá pronunciarse sobre un tema de amplio impacto jurídico y cultural: determinar hasta dónde puede llegar la protección del Estado sobre las obras de valor histórico sin vulnerar los derechos de propiedad privada, criterio que podría convertirse en un referente para futuros litigios relacionados con la conservación del patrimonio artístico mexicano.