Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos fortalecerá la propiedad social y la libre determinación en ejidos y comunidades.
El titular del INPI, Adelfo Regino Montes, presentó los alcances de la iniciativa y el plan de consulta indígena
Hay una oportunidad histórica para fortalecer a los ejidos y comunidades agrarias como sujetos colectivos de derecho y actores fundamentales de la transformación nacional
La Procuraduría Agraria (PA) realizó la 13.ª conferencia mensual del ciclo Rescate, Defensa y Revalorización de los Ejidos y Comunidades Agrarias, titulada «Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Trascendencia, impacto en el sector agrario y consulta», en la que autoridades agrarias, indígenas, culturales y jurisdiccionales coincidieron en que la nueva legislación representa un momento histórico para el reconocimiento pleno de los derechos colectivos, territoriales y de libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos de México.
Al inaugurar los trabajos, el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, destacó que la consulta previa, libre e informada anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marca «un antes y un después» en la historia del país y de las luchas de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Subrayó que la nueva ley tendrá un impacto directo en el sector agrario, al recordar que alrededor de 16 mil 200 de los más de 32 mil 500 núcleos agrarios del país cuentan con población indígena, por lo que «no puede entenderse la propiedad social de la tierra sin la participación histórica y actual de los pueblos indígenas y afromexicanos».
Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, presentó los alcances de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y el proceso de consulta nacional, destacando que esta legislación busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos, la libre determinación, la autonomía, el territorio y la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en cumplimiento del mandato constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
El titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVII), Diego Prieto Hernández, aportó una reflexión sobre la dimensión histórica, cultural y civilizatoria de los pueblos indígenas y afromexicanos, enfatizando que el reconocimiento de sus derechos colectivos constituye una condición indispensable para construir una nación pluricultural, democrática y con justicia social.
A su vez, el magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario (TSA), Guadalupe Espinoza Sauceda, destacó la trascendencia jurídica de la nueva legislación para el fortalecimiento de los derechos territoriales, culturales y agrarios de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su relevancia para la consolidación de un nuevo paradigma de justicia agraria con enfoque intercultural y de derechos colectivos.
La conferencia, transmitida simultáneamente en las 32 entidades federativas y en las 116 residencias de la Procuraduría Agraria, contó también con la participación presencial de comuneras y comuneros de San Pedro Tlanixco, Estado de México, cuya presencia simbolizó la fuerza histórica y vigente de los pueblos indígenas en la defensa de la propiedad social, el territorio y la vida comunitaria.
Las y los participantes coincidieron en que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos representa una oportunidad histórica para fortalecer a los ejidos y comunidades agrarias como sujetos colectivos de derecho y actores fundamentales de la transformación nacional.