Sanciones y limitaciones estructurales marcan la respuesta sanitaria de Venezuela tras los sismos
- Autoridades sostienen que el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos ha debilitado durante más de una década al sistema público de salud, aunque hospitales y clínicas lograron mantener la atención a los afectados por la emergencia.
Caracas, 29 de junio del 2026.- La respuesta del sistema de salud venezolano tras los dos sismos registrados el miércoles pasado debe analizarse en el contexto de las condiciones económicas y sociales que enfrenta el país desde hace más de una década, sostienen autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque agencias internacionales y algunos medios locales reportaron un supuesto colapso de los servicios sanitarios, especialmente en el estado de La Guaira —la entidad con mayor número de víctimas—, el panorama observado durante los días posteriores a la emergencia mostró una situación de contingencia, pero sin el nivel de caos descrito en algunos reportes.
Para este domingo, los 15 hospitales públicos de Caracas continuaban operando bajo protocolos de emergencia, mientras que alrededor de un centenar de clínicas privadas se incorporaron a la atención de los lesionados de manera gratuita y bajo coordinación gubernamental.
En La Guaira, la atención médica fue reforzada desde el fin de semana con hospitales de campaña instalados por el Ejército venezolano y brigadas internacionales de apoyo, lo que redujo paulatinamente el traslado de pacientes hacia la capital.
De acuerdo con funcionarios venezolanos, las dificultades que enfrenta el sistema público de salud son consecuencia, en gran medida, de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra la industria petrolera, principal fuente de ingresos del país.
Las restricciones, vigentes desde hace 11 años y endurecidas durante los últimos siete, han reducido significativamente la capacidad financiera del Estado para sostener programas sociales y realizar inversiones en infraestructura hospitalaria, adquisición de medicamentos y mantenimiento de servicios básicos.
William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, afirmó que la disminución de los ingresos públicos impactó directamente en sectores como salud y educación, debido a que históricamente entre 77 y 80 por ciento del presupuesto nacional se ha destinado a programas sociales.
El funcionario explicó que la reducción de más de 90 por ciento de los recursos disponibles provocó un deterioro en los servicios públicos, además de dificultar la compra en el extranjero de equipos para los sistemas eléctrico e hidráulico, indispensables para el funcionamiento de hospitales.
Asimismo, señaló que el congelamiento de recursos venezolanos en el sistema financiero internacional —estimado en hasta 30 mil millones de dólares por el Observatorio Venezolano Antibloqueo— generó desabasto de marcapasos, medicamentos de alto costo para pacientes con cáncer, VIH y diabetes, así como dificultades para importar vacunas durante y después de la pandemia.
En ese contexto, sostuvo, Venezuela enfrentó la emergencia provocada por los terremotos con un sistema sanitario que, pese a las limitaciones acumuladas por años de restricciones económicas, continuó operando para atender a la población afectada.