Abren juicio contra Begoña Gómez por presunta corrupción y tráfico de influencias
- La esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, enfrentará un proceso por cuatro presuntos delitos; el juez le retiró el pasaporte y le prohibió salir del país.
Madrid, 21 de junio del 2026.- La esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, enfrentará juicio por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, luego de que el juez de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Carlos Peinado, decretara la apertura del procedimiento penal en su contra.
Como medidas cautelares, el juzgador ordenó la entrega del pasaporte de Gómez, le prohibió abandonar territorio español y determinó que deberá comparecer cada 15 días ante la autoridad judicial para acreditar su disposición de atender el proceso.
La investigación sostiene que Gómez aprovechó su condición de esposa del jefe del Ejecutivo para obtener un trato preferencial por parte de empresas privadas y de la administración pública en actividades profesionales de carácter privado.
Además de Begoña Gómez, el proceso incluirá a Cristina Álvarez, funcionaria del Palacio de La Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés, señalado por presuntamente colaborar en la creación e impulso de una cátedra vinculada con Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
Con la apertura del juicio oral, corresponderá ahora a la Audiencia Provincial de Madrid designar el tribunal que conocerá del caso y fijar la fecha de las audiencias. No obstante, el procedimiento aún podría detenerse si prosperan los recursos presentados por las defensas de los acusados y por la Fiscalía, que desde el inicio de la investigación ha sostenido que no existen elementos suficientes para ejercer acción penal.
En la resolución judicial, el juez Peinado justificó las medidas cautelares al considerar que, en caso de una eventual sentencia condenatoria con una pena superior a dos años de prisión, podría descartarse la suspensión de la condena y ordenarse el ingreso inmediato a un centro penitenciario.
El caso también provocó una reacción del gobierno español. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó una protesta formal ante la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por considerar que el juez cuestionó de manera injustificada la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La inconformidad surgió luego de que el magistrado planteara en su resolución la posibilidad de que los escoltas de Gómez pudieran facilitar una eventual fuga, afirmación que el Ejecutivo calificó como improcedente.