Ningún permiso ambiental es definitivo, advierte Semarnat sobre proyecto en Topolobampo
- Autoridades acuerdan revisar impactos ambientales y sociales del proyecto; Semarnat advierte que los permisos ambientales están sujetos a supervisión permanente
Ciudad de México, 13 de julio del 2026.- El Gobierno de México acordó establecer una ruta de trabajo interinstitucional para atender las inquietudes ambientales, sociales y productivas planteadas por comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo, en Sinaloa, donde se desarrolla un proyecto de construcción de una planta de amoniaco.
Durante una reunión en la que participaron representantes de comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales, especialistas y autoridades de los tres órdenes de gobierno, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, enfatizó que las autorizaciones en materia ambiental no representan permisos irrestrictos y están sujetas a vigilancia permanente por parte de las autoridades competentes.
La funcionaria señaló que corresponde al Estado verificar de manera continua el cumplimiento de las condicionantes establecidas en los permisos ambientales y actuar conforme a la ley en caso de detectarse irregularidades o incumplimientos.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó dar continuidad a las mesas de diálogo para analizar la información técnica disponible, los estudios especializados, las observaciones presentadas por las comunidades y las propuestas formuladas por diversos sectores involucrados.
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizará una inspección actualizada para evaluar el estado de las obras y actividades vinculadas al proyecto, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en la zona.
La Secretaría de Gobernación informó que el Gobierno de México buscará establecer comunicación con la empresa responsable de la planta de amoniaco para revisar los planteamientos expuestos durante el encuentro, al tiempo que garantizará el respeto al derecho de manifestación de las comunidades.
Durante la reunión, los representantes comunitarios expresaron preocupaciones relacionadas con la conservación de los ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua, el saneamiento, la protección de áreas de relevancia ambiental y los mecanismos de consulta y participación social, entre otros temas vinculados al desarrollo regional.
Las dependencias federales participantes reiteraron que cualquier decisión respecto al proyecto deberá apegarse estrictamente al marco jurídico vigente y sustentarse en criterios técnicos, ambientales y legales.
Por su parte, autoridades de la Comisión Nacional del Agua, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Economía coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo permanente con las comunidades para construir soluciones integrales que armonicen la protección ambiental, el bienestar social y el desarrollo económico de la región.
En el encuentro participaron representantes de la Semarnat, Profepa, INPI, Secretaría de Economía, Conagua, Conapesca, Sader, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación y autoridades del Gobierno de Sinaloa.
El Gobierno de México reiteró su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación con las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira y dar seguimiento a los planteamientos presentados en el ámbito de competencia de cada institución.