Congreso de EU blinda la política migratoria de Trump con presupuesto récord hasta 2029
- La aprobación de 70 mil millones de dólares fortalece la estrategia de detención y deportación masiva, mientras organizaciones denuncian un aumento de muertes y abusos en centros de inmigración
Washington, 10 de junio del 2026.- El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de financiamiento por 70 mil millones de dólares destinado a reforzar las políticas de control migratorio y seguridad fronteriza impulsadas por el presidente Donald Trump, garantizando recursos para la ejecución de su agenda en materia migratoria durante el resto de su mandato, que concluirá en 2029.
La decisión legislativa representa uno de los mayores respaldos presupuestales a las agencias encargadas de la vigilancia migratoria y consolida la estrategia de detención y deportación masiva promovida por la actual administración, en medio de crecientes cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre las condiciones en que permanecen miles de migrantes bajo custodia federal.
La aprobación de los recursos coincidió con la difusión de un informe de la organización Detention Watch Network, dedicada al monitoreo de centros de detención migratoria, en el que se reporta la muerte de 50 personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el inicio del actual gobierno, en enero de 2025.
De acuerdo con la organización, se trata del periodo con mayor número de fallecimientos en instalaciones migratorias en varias décadas. Sus representantes atribuyen esta situación al incremento de las detenciones y a las condiciones de internamiento que enfrentan miles de personas en esos centros.
Las denuncias incluyen presunta negligencia médica, hacinamiento, aislamiento prolongado, deficiencias en el acceso a alimentos y servicios básicos, así como constantes traslados entre instalaciones que dificultan el seguimiento de los casos por parte de familiares y abogados.
Aunque legisladores demócratas intentaron frenar durante varios meses la aprobación de los recursos, las divisiones internas dentro de ese partido en torno a la política migratoria facilitaron que la mayoría republicana impulsara el financiamiento mediante mecanismos legislativos especiales.
Con la nueva asignación presupuestal, el ICE dispondrá de recursos acumulados sin precedente que, de acuerdo con estimaciones citadas durante el debate legislativo, podrían alcanzar los 200 mil millones de dólares, además de incrementos para otras agencias federales encargadas de la vigilancia fronteriza.
Actualmente, entre 60 mil y 70 mil personas permanecen recluidas en centros de detención migratoria en distintas regiones del país. Organizaciones civiles sostienen que la mayoría no cuenta con antecedentes penales, en contraste con el discurso oficial que vincula las acciones de deportación con la persecución de criminales.
Las críticas al sistema se intensificaron tras la publicación de un informe de la Oficina de Contraloría del Gobierno (GAO), órgano de fiscalización del Congreso, que documentó irregularidades en Camp East Montana, considerado el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos y ubicado en las inmediaciones de El Paso, Texas.
La auditoría identificó deficiencias sanitarias, ausencia de evaluaciones médicas integrales, problemas administrativos y presuntas fallas en la supervisión de contratos multimillonarios. También reportó incidentes de seguridad y la muerte de al menos tres personas detenidas en esas instalaciones.
Mientras tanto, organizaciones de defensa de los migrantes mantienen campañas de presión y movilización en distintas ciudades para denunciar las condiciones de detención y exigir cambios en la política migratoria federal.
En varias entidades, autoridades locales han impulsado medidas para limitar la colaboración de cuerpos policiales con agentes migratorios federales. Tal es el caso de Nueva York, donde recientemente fue promulgada una legislación que restringe la participación de corporaciones estatales y municipales en operativos de inmigración.
La respuesta de la administración Trump ha sido advertir sobre un posible incremento de operativos migratorios en ciudades consideradas santuario para inmigrantes y amenazar con la suspensión de recursos federales a gobiernos locales que adopten políticas de protección para personas indocumentadas.
La controversia cobra especial relevancia en vísperas de la Copa Mundial de Futbol, luego de que funcionarios federales evitaran precisar si agentes migratorios participarán en operativos de seguridad dentro o en las inmediaciones de los estadios y sedes vinculadas al torneo internacional.