Política migratoria de Trump mantiene a miles de niños detenidos y separados de sus familias
- Organizaciones civiles, médicos y legisladores denuncian violaciones sistemáticas a los derechos de menores migrantes en centros de detención de Estados Unidos.
Washington, 26 de mayo del 2026.- La política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene bajo detención a miles de menores de edad y ha provocado la separación de familias migrantes, en medio de crecientes denuncias de organizaciones humanitarias, especialistas en salud y legisladores sobre violaciones a los derechos de la infancia.
De acuerdo con un análisis difundido por The Marshall Project, más de 6 mil 200 niños han sido detenidos por autoridades federales desde el inicio del segundo mandato del republicano, mientras que más de 205 mil menores han sufrido la detención de al menos uno de sus padres.
A ello se suma que más de mil niños separados de sus familias durante la primera administración de Trump aún no han logrado ser reunificados, pese a resoluciones judiciales y compromisos asumidos por el gobierno estadunidense.
Diversas organizaciones han advertido que las medidas implementadas por la administración republicana buscan utilizar el temor y la separación familiar como mecanismo de disuasión migratoria.
Especialistas en pediatría, psiquiatría y salud mental han alertado durante años sobre los efectos psicológicos de largo plazo que generan en los menores el encierro, la separación de sus padres y las redadas migratorias realizadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Según el reporte, actualmente un promedio de 226 menores permanece encarcelado diariamente en centros migratorios, cifra que representa un aumento considerable respecto al final del gobierno de Joe Biden.
El diputado federal Joaquín Castro calificó la política migratoria como una “cruel campaña de deportación masiva” y acusó que el encarcelamiento de menores está dejando secuelas permanentes en miles de familias.
La legislación derivada del denominado acuerdo Flores de 1997 establece que los menores no pueden permanecer detenidos más de 20 días y deben contar con condiciones básicas de bienestar; sin embargo, investigadores y organizaciones civiles han denunciado reiteradas violaciones a estas disposiciones.
Entre las irregularidades documentadas figuran alimentos en mal estado, falta de atención médica, condiciones insalubres y ausencia de espacios adecuados para el desarrollo infantil. El Marshall Project reportó que más de mil 600 menores han permanecido detenidos por periodos superiores a los permitidos por la ley.
Funcionarios de la Casa Blanca han defendido la estrategia argumentando que las familias pueden optar por abandonar voluntariamente el país para evitar la detención.
Stephen Miller, asesor de Trump y principal impulsor de la línea dura contra la migración irregular, ha sostenido públicamente que las familias inmigrantes deberían “autodeportarse” si desean permanecer unidas.
No obstante, organizaciones defensoras de migrantes sostienen que la política federal busca generar condiciones de presión extrema para forzar la salida de familias extranjeras de territorio estadunidense.
Un informe reciente de la Brookings Institution estimó que más de 205 mil niños han vivido la detención de alguno de sus padres desde el inicio de la actual administración, de los cuales alrededor de 145 mil son ciudadanos estadunidenses.
El estudio advierte además que no existe un mecanismo institucional eficaz para garantizar el bienestar y seguimiento de los menores afectados por las detenciones migratorias.
Durante el primer mandato de Trump, la política denominada “Cero tolerancia” derivó en la separación forzada de más de 5 mil 500 niños de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos. Organizaciones como Human Rights Watch documentaron que, hasta finales de 2024, alrededor de mil 360 menores aún no habían sido reunificados con sus padres.
Asociaciones médicas y organismos especializados han reiterado su exigencia para poner fin a la detención de menores y familias migrantes.
“La detención representa una amenaza directa a la salud física y mental de los niños”, advirtieron especialistas en una carta enviada al gobierno estadunidense.
Incluso, Physicians for Human Rights concluyó en un informe que los daños ocasionados por la separación familiar y el confinamiento de menores pueden constituir actos de tortura.
La situación ocurre en un contexto en el que Estados Unidos continúa siendo el único país miembro de la Organización de Naciones Unidas que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que establece garantías de protección integral para la infancia.
Diversos organismos internacionales y defensores de derechos humanos han cuestionado la falta de condenas más contundentes por parte de la comunidad internacional frente a las políticas migratorias aplicadas contra menores y familias migrantes en territorio estadunidense.