Gobierno de Kast impulsa control migratorio desde escuelas y hospitales en Chile
- La propuesta obligaría a instituciones públicas y privadas a entregar datos de extranjeros en situación irregular; sectores médicos y organismos civiles alertan riesgos para derechos humanos y salud pública.
Ciudad de México, 17 de mayo del 2026.- El gobierno del presidente chileno José Antonio Kast enfrenta una creciente controversia tras impulsar una iniciativa legislativa que obligaría a instituciones de salud, educación y servicios públicos a proporcionar información de migrantes en situación irregular a las autoridades migratorias.
La medida forma parte del proyecto de ley que modifica el procedimiento de expulsiones administrativas y contempla que organismos públicos y privados entreguen antecedentes personales, como domicilio, teléfono y correo electrónico, de extranjeros que no acrediten estancia regular en el país.
El mandatario defendió la propuesta bajo el argumento de que el Estado debe conocer quiénes utilizan los servicios públicos para ordenar la política migratoria.
Sin embargo, la iniciativa provocó críticas inmediatas incluso dentro del propio gobierno chileno. La ministra de Salud, May Chomali, expresó preocupación por los alcances de la reforma y advirtió que la confidencialidad de los pacientes está protegida por la legislación sanitaria vigente.
La funcionaria sostuvo que negar atención médica o compartir datos personales de pacientes migrantes podría poner en riesgo tanto la vida de las personas afectadas como la salud pública en general.
El rechazo también se extendió al Colegio Médico y a organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran que la propuesta vulnera garantías fundamentales y podría generar temor entre comunidades vulnerables, dificultando el acceso a servicios básicos.
La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, advirtió que excluir a migrantes de programas de vacunación, atención preventiva o control sanitario tendría consecuencias para toda la población.
La política migratoria ha sido uno de los principales ejes del gobierno de Kast desde su llegada al poder en marzo pasado. Durante su campaña presidencial prometió expulsar a más de 300 mil migrantes en situación irregular, principalmente venezolanos, aunque posteriormente matizó esa promesa y la calificó como una “metáfora”.
Hasta ahora, el gobierno chileno ha realizado vuelos de repatriación con ciudadanos de Bolivia, Colombia y Ecuador, mientras que las expulsiones de venezolanos permanecen prácticamente detenidas debido a la ausencia de relaciones diplomáticas entre Santiago y Caracas.