ONU pone a México bajo la lupa por desapariciones
Gobierno rechaza informe, niega política de Estado y defiende avances
Ciudad de México, 03 de abril del 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al secretario general del organismo remitir de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, con el fin de que se consideren medidas de apoyo internacional para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.
El comité sostuvo que existen indicios de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al considerar que se han registrado ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintos momentos y regiones del país.
No obstante, el organismo precisó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas, aunque señaló que estos delitos también pueden ser cometidos por organizaciones criminales u otros actores no estatales cuando forman parte de ataques sistemáticos contra civiles.
El comité explicó que el procedimiento para llevar el tema ante la Asamblea General tiene carácter preventivo y busca movilizar la atención y el apoyo internacionales, y no establecer responsabilidades penales individuales.
Gobierno rechaza informe
En respuesta, el gobierno de México rechazó el informe al calificarlo como “tendencioso y falto de rigor jurídico”, además de acusar al comité de exceder su mandato al ampliar indebidamente la definición de desaparición forzada.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la administración federal aseguró que México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas, y reiteró que el país está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que, afirmó, no reflejan la realidad actual.
El gobierno mexicano sostuvo que el informe no tomó en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano, las cuales —aseguró— muestran que los argumentos del documento no coinciden con la definición de desaparición forzada del propio comité ni con los avances institucionales alcanzados en los últimos años.
Asimismo, señaló que el informe se basa principalmente en desapariciones ocurridas entre 2009 y 2017, durante el periodo de la llamada guerra contra el narcotráfico, y que además se concentra en sólo cuatro entidades del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.
El gobierno también destacó que el propio informe reconoce que no existen indicios de una política federal para cometer ataques sistemáticos contra la población civil, lo que —afirmó— refleja una situación distinta a la de periodos anteriores.
Reformas y acciones institucionales
Las dependencias federales subrayaron que durante la actual administración se impulsó una reforma legislativa e institucional en materia de desapariciones, en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.
Entre las medidas implementadas mencionaron la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad, la creación de fiscalías especializadas en los estados, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la Comisión Nacional de Búsqueda.
También se establecieron mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República, así como la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
El gobierno reiteró su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, la búsqueda e identificación de personas y la garantía de verdad y justicia para las víctimas.
Respaldo de organizaciones civiles
Por su parte, organizaciones civiles y el sistema universitario jesuita respaldaron la determinación del comité de la ONU y llamaron al Estado mexicano a colaborar con los mecanismos internacionales y mantener el diálogo con organismos de derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó como histórica la decisión del comité de solicitar la intervención de la Asamblea General de la ONU en la situación de las desapariciones forzadas en México.