Reforma electoral pasa primera etapa en el Senado; va al pleno
Dictamen incluye revocación de mandato en 2027; oposición y aliados cuestionan alcance de la medida
Ciudad de México, 25 de marzo del 2026.- La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobada en comisiones con el respaldo de Morena y el Partido Verde, aunque su viabilidad en el pleno permanece en duda ante la falta de definición del Partido del Trabajo (PT).
El dictamen, que forma parte del denominado “plan B”, fue avalado con 24 votos a favor y 11 en contra en comisiones, y turnado a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno en una sesión prevista de carácter nocturno.
Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, la aprobación requiere mayoría calificada, por lo que la eventual negativa del PT —que no participó en la votación en comisiones— pondría en riesgo la aprobación del proyecto, al no alcanzar Morena y sus aliados los votos necesarios.
La iniciativa contempla, entre otros puntos, la posibilidad de realizar la consulta de revocación de mandato en 2027 —durante el tercer o cuarto año de gobierno— y faculta al titular del Ejecutivo federal a promover dicho ejercicio.
Durante la jornada, legisladores del PT evitaron fijar públicamente su postura definitiva. En tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, no precisó si cuentan con los votos suficientes para asegurar la aprobación en el pleno.
En paralelo, se difundió una imagen de dirigentes de Morena, PT y Partido Verde en la que se reitera la intención de mantener la coalición legislativa, en medio de versiones sobre posibles ajustes al dictamen para eliminar el apartado de revocación de mandato y facilitar su aprobación.
El documento, que comenzó a circular en la madrugada, mantiene sin cambios el esquema de revocación propuesto por el Ejecutivo, punto que ha generado rechazo tanto de la oposición como de legisladores petistas.
Senadores de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que la reforma podría generar condiciones de inequidad en el proceso electoral intermedio de 2027, al permitir la promoción gubernamental en torno a la revocación de mandato.
En contraste, legisladores de Morena defendieron la propuesta al argumentar que responde al principio de participación ciudadana y al mecanismo de control democrático sobre el Poder Ejecutivo.
Además de este punto, el dictamen incorpora ajustes en materia municipal, como el establecimiento de un límite máximo de 15 regidores en los ayuntamientos y la restitución del principio de paridad de género en el artículo 115 constitucional, ahora con el añadido de garantizar igualdad sustantiva en el acceso al poder local.
La discusión en el pleno del Senado se perfila como el punto decisivo para definir el futuro de la reforma, en un escenario marcado por tensiones entre aliados y una oposición que anticipa un debate de alta confrontación.