Se presenta la iniciativa #LeyBoletoSeguro para poner freno a abusos en la venta

Pachuca de Soto, 05 de febrero de 2026.- Para regular un mercado que hoy castiga a las y los consumidores, la Senadora por Hidalgo, Simey Olvera, presentó en el Pleno del Senado de la República la iniciativa denominada #LeyBoletoSeguro, que propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y fortalecer las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en los procesos de preventa, venta y reventa de boletos para eventos masivos.

La propuesta busca que la autoridad pueda actuar de manera más inmediata y preventiva frente a prácticas que hoy afectan de forma directa a quienes asisten a conciertos, espectáculos culturales y eventos deportivos, en un contexto donde la reventa de boletos se ha consolidado como una práctica global, pero sin reglas claras ni protección efectiva para el consumidor como en otros países si sucede.

Esta falta de regulación ha generado un entorno marcado por precios que se disparan hasta 5 veces de valor original, opacidad en los costos finales y en las reglas de operación, distorsiones en el acceso a los eventos y una afectación indirecta tanto a artistas como a deportistas y promotores. A ello se suma la posible evasión o elusión fiscal derivada de las ganancias obtenidas en la reventa, así como la ausencia de una responsabilidad social y cultural que garantice al menos la posibilidad real de adquirir boletos bajo esquemas claros, transparentes y éticos, frente a prácticas de simulación que inflan artificialmente los precios mediante supuestos beneficios.

Olvera Bautista explicó que un caso reciente que evidenció estas problemáticas fue la venta de boletos para el concierto de la agrupación surcoreana BTS, donde se documentaron numerosos testimonios de la  juventud afectada por la aplicación de precios dinámicos, así como por la falta de transparencia e información en el proceso de venta, lo que volvió a colocar el tema en el centro del debate público.

Si bien la PROFECO ha intervenido conforme a las atribuciones que le permite la  legislación vigente, no cuenta actualmente con herramientas legales preventivas suficientes para actuar de manera anticipada y cercana a las personas consumidoras, lo que limita su capacidad de respuesta frente a estos abusos.