Corte frena uso de camionetas blindadas tras críticas; ministros apelan a austeridad

• El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz defendió la compra por razones técnicas, pero aseguró que la SCJN escuchó a la opinión pública y optó por no utilizarlas.

Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- Ante las críticas generadas por la adquisición de camionetas blindadas con un costo superior a 2.4 millones de pesos por unidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no utilizar los vehículos recientemente comprados y reafirmó su compromiso con una política de austeridad y racionalidad en el gasto público.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz sostuvo que la decisión responde a la sensibilidad del máximo tribunal frente al debate público y a la convicción de que la austeridad no debe ser únicamente un mensaje simbólico. Incluso, señaló que los ministros pueden trasladarse en transporte público para cumplir con sus funciones.

Durante una conferencia de prensa, Aguilar Ortiz, acompañado por otros ministros y por el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, explicó que la compra de las unidades se realizó como parte de la renovación del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación, el cual arrastraba un deterioro considerable y blindajes vencidos.

El ministro subrayó que la adquisición respondió a criterios de seguridad vial y no a un contexto de inseguridad, y que permitirá generar ahorros por más de mil millones de pesos en los próximos años, al sustituir el esquema de arrendamiento por uno de compra.

El encuentro con medios también abrió un nuevo frente de polémica, luego de que el ministro Arístides Guerrero García señalara que integrantes de la Corte anterior adquirieron vehículos y obras de arte al dejar el cargo. Aguilar Ortiz aclaró posteriormente que se trató de compras autorizadas mediante acuerdos internos, y no de actos irregulares.

Pese a las explicaciones, los ministros evitaron detallar qué vehículos utilizarán en adelante para el desempeño de sus labores, aunque reiteraron que las nuevas unidades podrían destinarse a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos.

La decisión, afirmaron, busca equilibrar la seguridad institucional con el uso responsable de recursos públicos, bajo el escrutinio permanente de la ciudadanía.