- La Corte determinó que el decreto de 2020 no invadió competencias estatales ni vulneró el pacto federal.
Ciudad de México, 12 de enero del 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este lunes el decreto del 6 de noviembre de 2020 mediante el cual se extinguieron 109 fideicomisos y fondos públicos, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo Metropolitano, al concluir que la medida no invadió las facultades de las entidades federativas.
Por unanimidad, el Pleno del máximo tribunal desechó las impugnaciones presentadas por ocho gobernadores de oposición y aprobó los proyectos del ministro Arístides Guerrero García, al considerar infundadas las controversias constitucionales promovidas por los entonces mandatarios de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán.
La desaparición de estos instrumentos financieros fue impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y permitió al gobierno federal disponer de más de 68 mil millones de pesos. La Corte determinó que el decreto no vulneró el pacto federal ni la autonomía financiera de los estados, ya que no se acreditó una afectación directa a atribuciones reconocidas en la Constitución.
Al exponer el proyecto, el ministro Guerrero García señaló que los argumentos de los promoventes se centraron en las supuestas bondades de los fideicomisos, sin demostrar una invasión concreta a competencias estatales. Aclaró que, si bien el Pleno no se pronunció sobre la constitucionalidad de cada fideicomiso en lo individual, sí concluyó que el Congreso modificó únicamente los mecanismos de colaboración federal con las entidades, sin limitar sus facultades constitucionales.
Durante la sesión, el ministro también criticó que los asuntos permanecieran archivados durante más de cuatro años sin resolución, pese a que su trámite inició en 2021, lo que calificó como una actuación irresponsable por parte del Pleno anterior.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que el esquema de fideicomisos permitió un manejo discrecional y poco transparente de recursos públicos, en posible contravención del artículo 134 constitucional. Indicó que la Auditoría Superior de la Federación documentó deficiencias graves, como falta de rendición de cuentas, irregularidades, desvíos y una distribución inequitativa de los recursos.
Batres Guadarrama afirmó que los fideicomisos fueron utilizados para evadir la transparencia en el ejercicio del gasto público, por lo que consideró correcta la validez del decreto impugnado, al señalar que se ajusta al principio de rectoría del Estado y a lo dispuesto en los artículos 40 y 124 de la Constitución.
