- El proyecto del ministro Irving Espinosa plantea invalidar la reducción del plazo para abortar al considerar que vulnera criterios constitucionales y jurisprudenciales.
Ciudad de México, 15 de diciembre del 2025.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contempla iniciar el próximo año el análisis del proyecto presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, mediante el cual se propone declarar inconstitucional la reforma al Código Penal de Aguascalientes que redujo de 12 a seis semanas el plazo máximo para la interrupción legal del embarazo, al estimar que se trata de una medida regresiva en materia de derechos.
En declaraciones a la prensa en la sede del máximo tribunal, el ministro ponente subrayó que la interrupción del embarazo ya fue despenalizada a nivel nacional desde 2023, al referirse a los alcances del proyecto que será sometido a consideración del Pleno. Sus afirmaciones se dieron en respuesta a los cuestionamientos expresados por la Arquidiócesis Primada de México, que acusó a la Corte de incurrir en un “desprecio por la vida humana” y de buscar una despenalización total sin límite de gestación.
El proyecto sostiene que la despenalización parcial del aborto no ha erradicado la criminalización, dado que persisten investigaciones penales relacionadas con este tema. En ese sentido, expone que solo una despenalización total permitiría regular la interrupción del embarazo como un asunto de salud pública y garantizar plenamente los derechos reproductivos; no obstante, aclara que dicho planteamiento no forma parte de los efectos directos de la eventual sentencia.
La controversia deriva de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Presidencia de la República contra la reforma aprobada el 23 de septiembre de 2024, mediante la cual el Congreso de Aguascalientes redujo el plazo legal para abortar.
Durante el mismo encuentro, la ministra Loretta Ortiz recordó que existe jurisprudencia obligatoria de la Corte que establece el plazo de 12 semanas y señaló que varias entidades federativas aún no se han ajustado a ese criterio. Aunque evitó adelantar su voto, destacó que desde el punto de vista científico existe una diferencia sustantiva entre las seis y las 12 semanas de gestación, momento en el que inicia la formación de la corteza cerebral.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía reconoció que se trata de un tema complejo y sensible, estrechamente vinculado con consideraciones de carácter bioético, y subrayó que corresponde al máximo tribunal evaluar la constitucionalidad de las normas estatales en la materia.
