Ciudad de México, 20 de noviembre del 2025.- Con 33 votos unánimes, las comisiones unidas del Senado aprobaron anoche la nueva ley contra la extorsión, un instrumento legal que refuerza las penas para delincuentes y establece medidas para controlar el uso de teléfonos y dispositivos digitales en los centros penitenciarios.
El dictamen, resultado de negociaciones entre legisladores de distintas fuerzas políticas, establece penas de hasta 42 años de prisión para quienes cometan extorsión y fija un plazo de 180 días para que las autoridades penitenciarias retiren o bloqueen equipos de comunicación de los internos.
Debate y respaldo legislativo
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, destacó que la minuta sufrió modificaciones en 15 artículos tras un análisis conjunto de senadores y autoridades, las cuales fueron avaladas previamente por la Cámara de Diputados.
Legisladoras de oposición, como Alejandra Barrales (MC), Carolina Viggiano (PRI) y Guadalupe Murguía (PAN), manifestaron su respaldo al considerar que los cambios fortalecen la ley y permiten una respuesta más eficaz contra un delito que afecta a los ciudadanos.
Por su parte, los legisladores oficialistas, entre ellos Lizbeth Sánchez (PT), Luis Alfonso Silva (PVEM) y Nora Ruvalcaba (Morena), ratificaron su apoyo total al dictamen, mostrando unidad política frente al desafío de la extorsión.
Medidas clave de la ley
- Los centros penitenciarios deberán inhibir llamadas, radiocomunicaciones y transmisiones de voz, datos o imagen dentro de su perímetro.
- Los internos no podrán tener acceso a celulares, tabletas ni computadoras.
- Autoridades penitenciarias omisas o que faciliten condiciones para la extorsión enfrentan penas de 3 a 5 años adicionales, que pueden elevar la condena hasta 30 años.
- El incumplimiento se considera falta grave administrativa.
- Los recursos obtenidos por decomiso o extinción de dominio se priorizarán para la reparación de las víctimas.
Se prevé que hoy el pleno del Senado ratifique la ley, para que regrese a la Cámara de Diputados y se formalice su entrada en vigor, consolidando un frente legislativo común contra la extorsión en México.
