Madrid, 17 de noviembre del 2025.- La ex primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, fue condenada este lunes a la pena de muerte por crímenes contra la humanidad vinculados a la represión de las protestas de julio y agosto de 2024, que dejaron 1.400 muertos y precipitaron su salida del poder tras quince años de gobierno. El fallo fue dictado en rebeldía por un tribunal de Daca, dado que Hasina, de 78 años, huyó a India en helicóptero durante las revueltas.
El juez Golam Mortuza Mozumder sostuvo que “todos los elementos constitutivos de un crimen contra la humanidad están reunidos” y anunció la imposición de una única pena: la de muerte. Junto a Hasina, también fue condenado a muerte el ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, igualmente prófugo en India. En contraste, el ex inspector general de Policía Choudri Abdulá al Mamun, quien cooperó con la Justicia, recibió una pena de cinco años de prisión.
Tras la lectura del fallo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh exigió al Gobierno indio la extradición “inmediata” de ambos exfuncionarios. Nueva Delhi se limitó a señalar que había “tomado nota” de la sentencia. El tribunal ordenó además la confiscación de los bienes de Hasina, quien mantiene otros tres procesos pendientes ante la misma corte, creada en 2009 para juzgar crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
Cargos y reacción de la defensa
Hasina fue hallada culpable de ordenar el uso de fuerza letal contra manifestantes y de la muerte de seis personas desarmadas en Daca durante las protestas del año pasado. A través de un comunicado de la Liga Awami, la exmandataria denunció que el tribunal actúa con motivaciones políticas y que el proceso está “amañado”, al tiempo que acusó al primer ministro interino, Muhammad Yunus, de encabezar una administración “caótica, violenta y socialmente regresiva”. Aseguró, además, no temer un juicio “adecuado”.
Su formación política recordó que la ex primera ministra ya había sido condenada en julio a seis meses de prisión por desacato en el marco de otra causa por crímenes contra la humanidad, derivada de la represión de protestas contra un controvertido sistema de cuotas en el acceso a empleos públicos.
Llamado a la calma del Gobierno interino
El Gobierno interino calificó la sentencia de “histórica” y pidió a la población mantener la calma frente a un veredicto que, admitió, genera fuertes emociones. En un comunicado, instó a evitar actos de violencia, provocación o alteración del orden público, advirtiendo que cualquier intento de generar “anarquía o caos” será “estrictamente reprimido”.
Preocupación de Naciones Unidas
La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, expresó preocupación por la imposición de la pena de muerte, a la que la organización se opone en todos los casos, y subrayó la necesidad de que los procesos por crímenes internacionales cumplan con estándares estrictos de debido proceso, especialmente cuando se celebran en ausencia de los acusados.
Shamdasani recordó que la oficina ha solicitado reiteradamente que los responsables rindan cuentas conforme a normas internacionales y que las víctimas reciban reparación efectiva. El Alto Comisionado, Volker Turk, llamó a emprender un proceso integral de verdad, justicia y reforma del aparato de seguridad para evitar la repetición de abusos.
Nueva petición de extradición
Tras la sentencia, el Gobierno de Bangladesh renovó su solicitud a India para extraditar a Hasina, refugiada en ese país desde 2024 ante la creciente presión interna por la represión de las protestas que finalmente provocaron su caída.
