Científicos demandan nueva ley para enfrentar crisis hídrica
Ciudad de México, 02 de octubre del 2025.- Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó y envió este 1 de octubre al Congreso sendas iniciativas para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, más de 240 académicos, estudiantes y activistas hicieron un llamado urgente a sustituir completamente la ley vigente, a la que consideran anclada en el paradigma neoliberal.
En el marco del VIII Congreso de la Red de Investigadores Sociales sobre Agua (RISSA), los expertos emitieron una Declaratoria por la Justicia Hídrica, subrayando que la crisis de agua en el país es de origen «antropogénico y eminentemente social», impulsada por un modelo económico de extractivismo que prioriza la ganancia privada sobre el bienestar colectivo.
Peticiones clave de la comunidad científica y social
La Declaratoria, firmada por académicos, investigadores y representantes de la sociedad civil, es categórica al exigir que se derogue la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y se cree una Ley General de Aguas completamente nueva, centrada en el acceso equitativo y la sustentabilidad.
Entre las demandas más apremiantes de los firmantes se encuentran:
- Poner límites a los «hidro-tenientes»: Se exige visibilizar y desmontar el sobre-concesionamiento otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y establecer límites a los volúmenes de concesión para reasignar el agua a usos prioritarios (abastecimiento, soberanía alimentaria y conservación de ecosistemas).
- Revisar proyectos de alto impacto: Urgen a evaluar la viabilidad de iniciativas como el Plan Hídrico Nacional y el Plan México, que proponen megaobras hidráulicas de alto impacto socioambiental en regiones de alto estrés hídrico.
- Prohibición de prácticas extractivas: Se demanda la prohibición de la minería tóxica y el fracking, así como la cancelación de proyectos que afecten el ciclo del agua, como el Plan Estratégico de Pemex en la Huasteca Hidalguense.
- Sanear y Proteger Ecosistemas: Priorizar la protección y restauración de ríos, lagos y humedales, haciendo énfasis en el saneamiento ecológico de cuencas críticas como el Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, y responsabilizando a los contaminadores industriales.
- Transparencia y Democracia: Exigen democratizar la gestión del agua y hacer pública la información sobre concesiones, asignaciones y calidad del agua en formatos claros, fortaleciendo además las contralorías autónomas del agua.
Los firmantes destacaron que en todo el país emerge y se fortalece una voz de los defensores y conocedores del agua –pueblos indígenas y campesinos, población de áreas periurbanas, academia y sociedad organizada– a favor de proteger el agua como un bien común vital. El objetivo es garantizar su acceso equitativo y sustentable, el saneamiento y la restauración, con propuestas ambientalmente sustentadas y socialmente consensuadas.
El compromiso de los investigadores
Los académicos e investigadores firmantes también manifestaron su compromiso activo con la transformación de la gestión hídrica en México, entre lo que destaca:
- Construcción de Ciencia con Conciencia Social: Desarrollar y difundir hallazgos de investigaciones sociales sobre el agua y contribuir a la comprensión y transformación de los problemas desde enfoques multi, inter y transdisciplinarios.
- Impulso a un Nuevo Modelo de Gestión: Trabajar en la construcción colectiva de un nuevo modelo de gestión del agua que trascienda el paradigma neoliberal y que dé prioridad al bien común, protegiendo los derechos de ejidos, pueblos y comunidades indígenas.
- Fortalecimiento del Bien Común: Defender la sustentabilidad y soberanía del agua como un bien común, fortaleciendo el pequeño riego, la agricultura de temporal y la pesca artesanal.
- Lucha contra la Corrupción y Participación: Luchar por liberar la gestión del agua de dinámicas de corrupción y fortalecer las contralorías autónomas del agua como una estrategia ciudadana para la rendición de cuentas y la gestión participativa.
Iniciativa de Sheinbaum: el contexto legal
Las peticiones de la comunidad científica y social se dan a conocer en un momento clave, coincidiendo con la propuesta de la presidenta Sheinbaum de reformar el marco legal del agua. De acuerdo con lo dicho por las autoridades este primero de octubre, la iniciativa gubernamental busca modificar la ley para establecer que el agua es un bien estratégico de la nación bajo la rectoría exclusiva del Estado, donde el recurso puede ser concesionado, pero nunca comercializado.
«Con esta ley, recuperamos para la nación este gran recurso natural y devolvemos a la población un derecho esencial para la vida y el desarrollo», declaró la mandataria.
El titular de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que la reforma busca consolidar el derecho humano al agua y redefinir el recurso, dejando de considerarlo una mercancía. La propuesta incluye medidas como:
- Eliminación de la transmisión de concesiones entre particulares.
- Prohibición de cambios de uso de concesiones sin autorización.
- Creación de un Registro Nacional del Agua confiable.
- Sanciones más severas por uso ilegal, incluyendo penas de 1 a 10 años de prisión por delitos hídricos y extinción de dominio.
El debate se centra ahora en el Congreso: si México optará por una reforma profunda al marco legal existente, como propone la Presidencia, o por la sustitución total de la Ley de 1992, como exigen los científicos y defensores del agua para garantizar la justicia hídrica y la sustentabilidad.
Contraste con el presupuesto hídrico
Un punto crítico para el cumplimiento de los objetivos de la reforma y las demandas sociales es el presupuesto hídrico.
Los expertos señalan que el presupuesto destinado a la Conagua y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) tuvo una disminución anual real de 4.5%, quedando en 36,689 millones de pesos.
Esta reducción en los recursos se acompaña de un enfoque que apuesta por infraestructura a gran escala, lo cual beneficia principalmente a zonas urbanas y sectores productivos. No obstante, se está descuidando la prevención de desastres, la investigación y la atención de comunidades vulnerables—elementos cruciales para una gestión hídrica justa y sustentable.
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/