Ciudad de México, 08 de agosto del 2025.- El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora mañana, es un recordatorio “urgente de las deudas históricas, estructurales y actuales que persisten frente a sus derechos”. En México, entre 2016 y 2025, al menos 68 personas indígenas fueron asesinadas por su labor en defensa del territorio y la vida, aseguraron diversas organizaciones civiles.
Indicaron que a esta cifra se suman siete intentos de homicidio y 17 desapariciones; de estas últimas, 12 personas fueron localizadas con vida y cinco continúan desaparecidas.
“Entre las 92 víctimas registradas, al menos 82 eran hombres, nueve mujeres y una persona no binaria. Además, persisten la criminalización, las amenazas, la estigmatización, el desplazamiento forzado y las agresiones contra comunidades y autoridades tradicionales”, afirmaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz, la Red TDT, entre otras.
En un comunicado, expusieron que un ejemplo de criminalización es el caso del defensor zapoteco del bosque Pablo López Alavez, detenido arbitrariamente en 2010. “Este 15 de agosto se cumplen 15 años de su injusta reclusión, a pesar de que en 2017 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que su privación de libertad era arbitraria”, sostuvieron.
Las organizaciones, parte de Espacio OSC, igualmente enfatizaron que las personas y comunidades indígenas continúan enfrentando violencias múltiples y sistemáticas, tanto de actores privados, tales como empresas y estructuras criminales, así como por agentes estatales, sin que existan respuestas integrales ni suficientes por parte del Estado.
Por ello, llamaron a las instancias responsables —en especial al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas— a instrumentar medidas colectivas, culturalmente pertinentes, con perspectiva de género y enfoque diferencial, así como con recursos humanos y financieros suficientes para garantizar su vida, integridad y proyectos comunitarios.
Exigieron que el Estado mexicano cumpla con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Escazú, ratificado por México, y convoque espacios de trabajo con participación de pueblos y comunidades indígenas, y organizaciones de la sociedad civil, para que junto con instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI, y las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como el Poder Judicial, establezcan acciones concretas de implementación y monitoreo.
“Los pueblos indígenas han sostenido, durante siglos, formas de vida comunitarias, sostenibles y solidarias que ofrecen alternativas concretas frente a los modelos extractivos y depredadores. Sus saberes, sus formas de organización y su visión de futuro son indispensables para enfrentar la crisis climática y de derechos humanos”, enfatizaron.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
