Ciudad de México, 30 de julio de 2025.- Ante el delito de despojo —que muchas veces se comete en agravio de personas vulnerables— autoridades capitalinas van por endurecer las penas, con una reforma al Código Penal que contempla seis nuevas agravantes para castigar hasta con 22 años de cárcel y sin derecho a fianza a quienes cometan este ilícito.
La iniciativa de cambios, que será enviada la próxima semana al Congreso local, plantea reformar el artículo 237 del Código Penal local para que este delito se castigue con penas de entre seis y 11 años de prisión, y con agravantes, el castigo será de 12 hasta 22 años de cárcel, sin derecho a fianza, dio a conocer la fiscal Bertha Alcalde Luján.
Actualmente, la pena es de cinco a 10 años de prisión. Para ello, se considera añadir seis nuevas agravantes: cuando participen en este delito personas que simulen tener un cargo público; cuando se suplante la identidad del legítimo propietario o poseedor del bien inmueble o de su representante legal; y cuando participe una persona titular de notaría pública en ejercicio o con motivo de sus funciones, o personas que, sin tener carácter de notario o notaria, tengan acceso a documentos, papelería, sellos, bases de datos o sistemas de información notarial en virtud de una relación laboral, de prestación de servicios, de gestión o de hecho.
También serán agravantes cuando se trate de predios declarados como área natural protegida; cuando se incurra en este delito con fines de obtener un lucro; y, finalmente, cuando el inmueble sea posesión de cualquier dependencia del Gobierno capitalino.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la fiscal explicó que estas modificaciones también contemplan ampliar la protección de víctimas, pues también serán incluidos los menores de edad, embarazadas, pueblos indígenas, así como los descendientes.
“Únicamente se agravaba cuando la víctima era un ascendiente; se agravaban también si era contra personas de la tercera edad, pero estamos también incluyendo estos grupos de atención prioritaria, en cuyo caso se agravaría la conducta”, precisó Alcalde Luján.
Esta iniciativa contempla equiparar el delito de despojo, incluyendo en el artículo 238 Bis, dos conductas que serán sancionadas con las mismas penas: la ilegítima posesión del inmueble si el ocupante no lo restituye a pesar de ser requerido por quien tenga derecho, y al que participe en el despojo o cualquier beneficio del mismo valiéndose de algún cargo público.
Al corte del 15 de julio del año, las autoridades han recibido 2 mil 245 denuncias por este delito, lo que significa un aumento de 8% con relación al año anterior, precisó Alcalde Luján. Mientras que 2024 cerró con un total de 3 mil 643 investigaciones por este delito, 6% menos que en 2023.
De acuerdo con la fiscal, Iztapalapa es la alcaldía donde hay mayor número de casos, con 14.1% del total de despojos denunciados. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el delito de despojo se da de muchas maneras; por ejemplo, cuando las personas amedrentan a las familias para que desocupen su vivienda de manera forzada. Sin embargo, advirtió que hay otro tipo de despojo sin violencia directa que “se esconde a través de fachadas legales, con fraude notarial, con escrituras apócrifas o con personas que se presentan como supuestas autoridades”.
Es decir, se trata de un modus operandi que se hace “desde la sombra, aprovechándose de vacíos legales y de la desinformación de las víctimas”. Como parte de las acciones para combatir este delito, la mandataria capitalina anunció la puesta en marcha de una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, la cual dependerá de la Secretaría de Gobierno.
Con información de: El Universal
