Ciudad de México, 05 de julio de 2025.- A contrarreloj y con curva de aprendizaje de por medio, los 881 nuevos juzgadores que integrarán el Poder Judicial de la Federación a partir del 1 de septiembre deberán hacer frente a un importante rezago de miles de expedientes que les heredará la representación saliente.
Tan sólo en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con las estadísticas judiciales del máximo tribunal, hasta el 27 de junio pasado sumaban en total mil 350 asuntos sin resolver.
Respecto a los expedientes que no se van a enlistar en las últimas sesiones públicas del pleno y las dos salas, y que se anunciarán en los próximos días, tal y como se establece en el acuerdo general plenario 3/2025, hasta ahora suman 93.
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- 304 casos pendientes de resolución y en ponencia, vigentes
En lo que respecta a asuntos nuevos que llegaron a partir del 16 de abril, y que dejaron de turnarse a las ponencias, con excepción de los urgentes, tal y como se establece en el acuerdo general plenario 3/2025, se han acumulado 169 expedientes, mientras que las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad pendientes de tramitar, suman un total de 26.
Por otra parte, los asuntos pendientes de resolución entregados en ponencia con proyecto recibido en la Secretaría General de Acuerdos y las secretarías de las Salas, son 425. Los turnados en trámite a ponencia son 333, mientras que los pendientes de resolución entregados en ponencia suman 304.
En el caso del máximo tribunal, en la nueva etapa deberá operar con sólo nueve ministros y no con 11, como había sido hasta ahora. Asimismo, desaparecerán las dos salas, con lo que todos los temas deberán ser analizados por el pleno.
- El Dato: Hugo Aguilar, abogado de origen mixteco (oaxaqueño), fue electo como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Adicionalmente, de cara al relevo de ministros, desde abril la SCJN determinó reducir el número de sesiones tanto del pleno como de las salas, y congelar la admisión de nuevos temas hasta después del cambio de ministros, con el fin de que quienes estarán en funciones hasta el 31 de agosto se encarguen de llevar a cabo el engrose de sentencias.
Esto generará rezago de casos que deberán atender los nuevos juzgadores a su llegada, varios de los cuales deberán pasar por una curva de aprendizaje, pues de los nueve ministros que integrarán la SCJN, sólo tres tienen experiencia en la labor: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, actualmente en el cargo.
La reforma al Poder Judicial de la Federación establece, en su artículo 17, que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente”, lo cual será difícil de concretar.
Hugo Aguilar, quien será el ministro presidente con el que inicie la nueva Corte, reconoció que el hecho de que todos los temas deban ser vistos sólo por el pleno, “va a ser una cuestión difícil”, ya que puede generarse un cuello de botella; “o sea, puede ser que estemos resolviendo muy pocos asuntos por mes”, por lo que señaló que se buscará un mecanismo para funcionar.
Adriana Ramos León, presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, y quien cuenta con 27 años de servicio ininterrumpido en el Poder Judicial de la Federación, considera que quienes lleguen como juzgadores enfrentarán “un reto muy, muy grande”, y para quienes no cuenten con carrera judicial será una curva de aprendizaje que deberán encarar sobre la marcha.
“El trabajo de un juez, de un magistrado, es muy técnico. En mi caso, ser magistrada después de ocupar prácticamente todos los cargos y conocer el funcionamiento, me facilitó el trabajo. Entonces, las personas que nunca han tenido la experiencia de trabajar en un órgano jurisdiccional o en otras de la justicia, tienen un mayor desafío de volverse un gestor de un órgano jurisdiccional prácticamente sobre la marcha”, aseguró.
Pedro Hernández, quien pidió que su nombre fuera cambiado en el texto, cuenta con siete años de carrera judicial y se desempeña en tribunales laborales. Contendió en la elección judicial por un asiento en Michoacán, sin éxito.
El juzgador recordó que al ingresar al Poder Judicial ya contaba con más de 10 años de experiencia en materia de derechos humanos; es decir, ya tenía bases jurídicas, y pese a que sentía estar preparado, debió iniciar desde el peldaño más bajo, que es el cargo de oficial judicial.
“Aun así tuve que entrar desde el escalafón más bajo y me costó algunos meses aprender la labor, un año dominarlo y unos tres años para poder ser secretario”, argumentó sobre su caso.
“Alguien que venga de fuera, como ahora los que van a entrar por elección, pues es imposible que puedan conocer el cargo de juez y de magistrado y que lo vayan a hacer bien. Las personas que lleguen sin experiencia judicial van a cometer barbaridades, sin lugar a dudas”, advirtió.
El juzgador abundó que, en los tribunales, en los laborales y en donde hay audiencias orales, pero más en los centros de justicia penal, “seguramente será una locura, por la forma como van a cometer errores, porque ahí no les presentan los proyectos los secretarios, como sí ocurre en tribunales colegiados y en juzgados de distrito”. Continuó: “Obviamente, el titular tiene que meter mano y tiene que saber cómo se resuelve un asunto, y en materia penal se tienen que resolver en vivo los asuntos; entonces, se van a cometer barbaridades”.
“No van a saber cómo resolver, cuáles son los derechos tanto del imputado como de las víctimas, desde el auto de vinculación a proceso, medidas precautorias, si se va a quedar alguien en la cárcel provisionalmente, si va a tener un brazalete, si va a tener derecho a fianza; son cosas que resuelve un juez en vivo en una audiencia”, apuntó.
El juzgador advirtió que actualmente ya todos los tribunales federales tienen rezago. “Por ejemplo, los tribunales colegiados aquí en Michoacán, que ordinariamente se tardaban cinco o seis meses, ya se están tardando un año para resolver los recursos de revisión, amparos en revisión y los amparos directos, que son la carga mayor que tenemos”, dijo.
Además, señaló que antes los amparos tardaban seis meses y ahora están tardando un año. Y eso en parte se debe, explicó, al paro laboral que el año pasado realizaron los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma judicial.
Con información de: La Razón
