Cambios en leyes de seguridad y telecom son para atacar a delincuentes, no para restringir las libertades: Rosa Icela Rodríguez
Ciudad de México, 04 de julio de 2025.- Los ajustes al andamiaje legal en materia de seguridad y telecomunicaciones impulsados por el gobierno federal y aprobados recientemente por el Congreso de la Unión tienen como objetivo que las instituciones del Estado tengan las herramientas necesarias para atacar a la delincuencia y generar condiciones de seguridad a la población, no para restringir libertades, planteó Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Durante una reunión con integrantes del cuerpo editorial de El Economista, aseguró que el gobierno federal no tiene la intención ni de espiar ni hurgar en lo que hacen las personas.
Destacó que, en el caso específico a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no se contempla la creación de un registro de datos personales y menos en manos del gobierno.
Dijo que para el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo es muy importante el respeto a las libertades, y en eso está, por supuesto, la libre manifestación de las ideas o críticas. México es un país en donde uno puede decir lo que uno quiera.
Con lo que no está de acuerdo, añadió, son con las campañas mediáticas o a través de redes sociales, que tienen como objetivo desinformar o generar un efecto en la percepción de las personas, pero mediante prácticas deshonestas.
En ese sentido mencionó que más allá del gobierno, para el movimiento que representa la Cuarta Transformación, uno de los retos es cuidar sus estándares éticos y morales.
Y eso, añadió, se traduce en llamados desde el gobierno hacia los gobiernos estatales para que hagan lo necesario para salvaguardar la libertad de expresión y en general, todas las libertades ciudadanas a lo largo del territorio nacional.
Este fue uno de los temas que trató la funcionaria este mismo jueves con secretarios de gobierno de los estados a quienes transmitió la determinación del gobierno federal de promover y respetar las libertades ciudadanas.
La funcionaria federal exhortó a los 32 secretarios de gobierno estatales a garantizar los derechos y libertades de la población. “Desde la Secretaría de Gobernación les decimos que podemos seguir sumando esfuerzos en favor de los habitantes de sus entidades”.
La secretaria destacó que en los estados se realizan esfuerzos importantes en colaboración con la federación para impulsar el acceso a la verdad y trabajar juntos en favor de las familias de las personas desaparecidas para que puedan encontrar justicia.
Asimismo, exhortó a defender la libertad de expresión, por ser un derecho y obligación constitucional, porque más allá de colores y diferencias ideológicas, lo que une es el deseo de que a México le vaya mejor.
También subrayó la importancia del diálogo que se tuvo recientemente con colectivos de búsqueda de todo el país, a través de mesas en las que participaron más de 1,000 personas, y que dio como resultado 570 propuestas que se incorporaron en la ley aprobada en junio pasado.
Por otra parte, comentó que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, no necesita ningún tipo de ley mordaza o acotar los derechos de los periodistas. No lo necesita, ni está de acuerdo con eso, insistió.
Para la funcionaria, más allá de definiciones académicas o filosóficas sobre gobernabilidad, lograr eso implica que las cosas se puedan desarrollar en una comunidad de manera normal y eso se consigue respetando los derechos y las garantías individuales de las personas.
La secretaria destacó que el gobierno ha logrado avances importantes en materia de seguridad, lo cual, indicó, hace falta comunicar mejor para que las personas sepan de ello.Expuso que se trata de un trabajo colectivo atacando los diferentes frentes.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, se refirió a los avances del Protocolo Tipo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, en su adaptación a contextos locales con la adopción y publicación de protocolos en Ciudad de México y Zacatecas.
Reiteró la disposición de la secretaría para colaborar en las acciones que permitan garantizar el derecho a la protesta pacífica y libre manifestación.
Con información de: El Economista