Morena bajo acusaciones por impulsar un ‘estado espía’ con reformas en leyes de seguridad, advierte el PRI.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve, alertó que el paquete de reformas en materia de seguridad pública impulsado por Morena y aprobado en la Cámara de Diputados representa una “imposición de un estado espía” en México. Según Añorve, las nuevas leyes facultan al gobierno para acceder a información personal y privada sin necesidad de una orden judicial, lo que genera preocupaciones sobre la protección de los derechos ciudadanos.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, el legislador detalló que el dictamen aprobado —que incluye la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública— abre la puerta a que las autoridades federales concentren y utilicen bases de datos sensibles sin supervisión ni garantías legales. “Hoy no se está discutiendo solo la ley del Sistema Nacional de Inteligencia o la reforma a la ley de Seguridad Pública. Este es un paquete completo que autoriza al gobierno a acceder a todos los datos personales y privados sin orden judicial ni control externo”, denunció Añorve.
El senador también advirtió que las reformas obligan a conectar todas las bases de datos públicas y privadas —como bancarias, fiscales, de salud y telecomunicaciones— a una única plataforma gubernamental, sin mecanismos claros para garantizar su uso adecuado ni supervisión efectiva. Estas declaraciones se producen en medio del proceso de revisión en el Senado del paquete legislativo, que fue aprobado el 26 de junio en la Cámara Baja con respaldo mayoritario de Morena y sus aliados.
Las leyes buscan modernizar la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, crear un sistema de información en tiempo real y fortalecer el uso estratégico de inteligencia para prevenir y combatir delitos. Sin embargo, críticos como Añorve advierten sobre los riesgos que estas reformas representan para la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos.