Dictamen telecom: CRT no será tan colegiada; espectro social con revisión y defensa de audiencia por concesionario
Ciudad de México, 27 de junio del 2025.- El nuevo proyecto de ley que redefinirá el marco legal para las telecomunicaciones y la radiodifusión del país está listo en el Senado de la República, para ser discutido y votado entre la tarde de este viernes y la mañana del sábado, para luego ser remitido a la Cámara de Diputados el lunes para lo que haya lugar.
Se trata de una nueva versión de la propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) que pondrá fin a doce años de la todavía vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), y con impacto directo para dos sectores que producen el 4% del PIB de México, unos 35,000 millones de dólares por año, y que también dan sustento a 301,806 familias, pero sobre todo que soportan las comunicaciones de los 35 millones de hogares mexicanos.
En la noche del jueves circuló una copia del nuevo dictamen, y de entre su contenido se destaca la promesa del gobierno de la Cuarta Transformación de crear una entidad reguladora con independencia técnica para no contravenir al T-MEC; también asegura que dispondrá de espectro con “descuento” para aquellos operadores que vayan por la cobertura de mercados desprotegidos; y en materia de radiodifusión, se ratificó que las radios sociales, indígenas y afromexicanas sí podrán comercializar publicidad local, en tanto que las estaciones de radio y televisión deberán contar con un defensor de audiencia por concesionario, más ya no por grupo económico.
La novedad entera es la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el organismo que equilibra el poder telecom ante el exceso de facultades que originalmente había planteado el Congreso para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
La CRT tiene bajo su atribución la facultad de regular la administración del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales; la compartición de la infraestructura y la imposición de sanciones, entre otras tantas obligaciones. La CRT asume demasiado del trabajo que fue del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin llegar a tener el grado de autonomía que tuvo esa entidad.
Entre las diferencias del pleno de la CRT y el pleno de comisionados del IFT, resalta que los miembros del pleno de la CRT durarán siete años en el cargo, contra nueve años que se estableció en 2013 para ser miembro del pleno del IFT.
El proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión plantea que los interesados en ser comisionado de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sólo deberán contar con al menos tres años de experiencia en trabajos relacionados con telecomunicaciones y radiodifusión.
La actual legislación sectorial impone que los candidatos a comisionados deben acreditar un conocimiento especializado en telecomunicaciones y radiodifusión, que será verificado mediante una evaluación técnica hecha por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El proyecto de ley dice que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) se extinguen el día después de que quede conformado el pleno de cinco comisionados de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La propuesta del Senado para la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión remarca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la empresa estatal que podrá llevar servicios a mercado desprotegidos, aunque no aclara todavía si será directamente la CFE que tendrá esa obligación o alguna de sus empresas filiales o subsidiarias, como por ejemplo Altán Redes, un proyecto público privado, pero en la que el Estado es el principal accionista de esa compañía.
En cuanto el aprovechamiento del espectro, la nueva legislación asegura el acceso a frecuencias de espectro para operadores que hagan cobertura en zonas inaccesibles geográficamente o económicamente hablando, a cambio de que esos operadores presenten periódicamente un informe de cumplimiento de hitos que les garantice seguir contando con ese espectro.
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión también está por hacer realidad el sueño de las estaciones públicas, sociales, indígenas y afromexicanas de poder comercializar pauta local para ingresar recursos que sustenten su operación, y a cambio, esos concesionarios deberán entregar cada 30 de abril un informe detallado de sus actividades y relación de accionistas.
Y en materia de audiencias que no existía en la primera versión, la nueva ley establece la creación de un defensor de audiencias por empresa concesionaria, mismo que deberá estar un periodo de tres años, con posibilidad de repetir en el cargo una sola ocasión.
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/