Washington y Nueva York, 27 de junio del 2025.- El gobierno de Donald Trump planea escalar dramáticamente sus esfuerzos de expulsar a indocumentados al duplicar los fondos dedicados para la deportación masiva, nuevos ataques a fallos judiciales que bloquean o demoran ésta, así como una iniciativa para negar de manera colectiva solicitudes de asilo de cientos de miles de migrantes en este país con lo cual pueden ser retornados a sus naciones de origen.
No obstante, sigue en duda si estas medidas tendrán éxito para alcanzar la meta del presidente de deportar un millón de personas este año, pero es muy claro que la intención es acelerar cada vez más el esfuerzo antimigrante. Al comienzo de este gobierno, las autoridades arrestaban alrededor de 600 personas por día, pero en junio este total cotidiano alcanzó mil 200 personas, reportó CBS News, muy por debajo de los 3 mil arrestos diarios que ha exigido el subjefe de gabinete y arquitecto de la estrategia antimigrante de la Casa Blanca, Stephen Miller.
El gobierno insiste en que ha logrado un número enorme de expulsiones –más de 200 mil a la fecha–, pero los datos federales oficiales indican que desde que llegó Trump a la Casa blanca hasta el 14 de junio se han realizado 120 mil deportaciones, informa Adam Isacson, del Washington Office on Latin America (WOLA). «Hay más, si contamos a aquellos que fueron deportados rápidamente en la frontera», explicó a La Jornada. Tanto Isacson como expertos en el Migration Policy Institute señalan que el gobierno ha sido muy opaco y ha dejado de publicar datos de arrestos de extranjeros sin documentos y deportaciones; por lo tanto, es complicado evaluar las cifras.
En una expansión de su guerra contra tribunales federales que entorpecen o frenan iniciativas antimigrantes, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra todos los jueces federales del estado de Maryland, acusándolos de cometer un «ilegal sobrealcance judicial» porque impusieron una pausa de dos días a toda acción de deportación para aquellos que han solicitado una audiencia sobre sus casos. «La referida demanda cruza una línea que ha estado vigente por siglos. El gobierno está argumentando que es dañado por la mera existencia de la supervisión judicial», comentó incrédula la abogada y experta en estos temas Kathleen Clark.
Parte del problema para el gobierno de Trump es que no hay tantos migrantes criminales. Él y su asesor Miller han argumentado que la gran mayoría del millón de indocumentados que quieren deportar en 2025 tienen historiales delictivos, pero un análisis de datos oficiales realizado por el Transactional Records Clearing House en la Universidad de Syracuse encontró que menos de 30 por ciento de los extranjeros detenidos están acusados de algún delito. Estas cifras son confirmadas por otro análisis del Cato Institute, centro conservador, que encontró que dos tercios de quienes están en centros de detención no son delincuentes.
«La campaña de deportación masiva del gobierno de Trump no tiene que ver con seguridad pública, ni se trata de gente que ha violado las leyes migratorias sin haber sido convictos por un crimen», escribió el director de estudios migratorios del Instituto Cato, David Bier. «Esta administración está cancelando ansiosamente el estatus jurídico de cientos de miles migrantes regulares para que también puedan ser deportados».
De hecho, para ampliar el número de personas que pueden ser expulsadas de inmediato, el gobierno de Trump analiza desechar las solicitudes de asilo de cientos de miles de personas ya presentes en este país y en espera de que sus casos sean evaluados, reporta CNN, pues las 1.4 millones de personas que tienen pendientes sus solicitudes de asilo han registrado su dirección y otra información de contacto, por lo que será fácil ubicarlos en aras de expulsarlos. «En este clima, la mejor acción que pueden tomar quienes tienen solicitudes de asilo es simplemente mudarse», comentó un abogado que pidió no ser identificado.
Arrestos, una traba
Uno de los retos que enfrenta el presidente es que la deportación masiva es muy cara. En el corto plazo, el mandatario ha movilizado a más de 10 mil militares, pero no tienen la autoridad para arrestar. Para evadir ese problema, el Pentágono ha establecido dos «zonas de exclusión» sobre una parte de la frontera con México que esencialmente son bases castrenses donde sí pueden arrestar a quien intente ingresar a ese territorio, y se espera el anuncio de dos zonas más esta semana, según CNN.
Trump, sin embargo, necesita fondos para lograr este sueño antimigrante. Este próximo fin de semana, el Senado espera aprobar un ambicioso proyecto de ley que trasladará montos masivos de dinero a los ricos mediante recortes en impuestos, reducir el gasto federal en salud y programas sociales para los pobres, mientras etiqueta al menos 160 mil millones de dólares para deportaciones masivas a lo largo de los próximos cuatro años.
Si el presupuesto es aprobado, el proyecto de ley duplicará el monto de dinero dedicado a las tareas antimigrantes y control fronterizo, según cálculos de WOLA. Además, es esta misma moción se promueve impuesto sobre remesas que, según Trump, generará ingresos para pagar parte de las medidas antimigrantes, incluyendo el muro.
Sin embargo, disputas en asuntos no relacionados con la migración podrían demorar la aprobación del paquete legislativo, y aun si es avalado, tendrá que regresar a la Cámara baja antes de ser enviado para la firma en ley por Trump.
Hay poca disputa sobre las medidas contra los extranjeros indocumentados de este proyecto de ley, el cual incluye también 46.5 mil millones de dólares para pagar por otros mil 128 kilómetros de muro fronterizo, nuevas barreras en el río Bravo y la instalación de más equipo de detección, así como la contratación de otros 18 mil agentes de migración y control fronterizo y 45 mil millones para ampliar la red de centros de detención de migrantes e incrementar el número de «camas» de 42 mil ahora a por lo menos 100 mil. El valor de acciones de las empresas privadas que manejan los centros de detención se ha disparado 50 por ciento desde que llegó Trump a la Casa Blanca.
Aunque es improbable que el gobierno logre deportar un millón de personas este año, sigue cultivando el clima antimigrante por todo el país. El miércoles, el estratega Miller opinó al triunfo del socialista demócrata e inmigrante musulmán Zohran Mamdani en la elección primaria demócrata para alcalde de Nueva York, y advirtió que el avance político del » anarcosocialista» es resultado del “ingreso irregular de extranjeros no controlado, que fundamentalmente ha reformulado al electorado en Nueva York.
«La ambición del presidente Trump y Stephen Miller de deportar 12 millones de personas ha sido un fracaso terrible en sus propios términos, pero aun en el fracaso ha puesto bocabajo a nuestra sociedad», dijo el influyente diputado federal demócrata Jamie Raskin, de Maryland. «Ha aterrorizado tanto a ciudadanos como no ciudadanos, desestabilizado nuestras comunidades, destruido pequeños negocios que han perdido a sus trabajadores y dañado a nuestra Constitución».
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
