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Colectivos marcharán en Hidalgo contra instalación de paneles solares

Pachuca, Hgo., a 21 de junio de 2025.- En protesta por la posible instalación de paneles solares por parte de empresas dedicadas a la producción de energía eléctrica en los municipios de Epazoyucan y Singuilucan, colectivos dedicados a la protección del maguey van a marchar de manera pacífica el próximo 12 de julio, del Reloj Monumental ubicado en Plaza Independencia a la Plaza Juárez de Pachuca.

El anuncio de hizo durante los foros informativos realizados esté sábado en Epazoyucan y Singuilucan por diversos colectivos ambientalistas.

El Frente Zapatista de Liberación Magueyera (FZLM); la Escuelita Tlachiquera; la Asociación por la Protección y Bienestar de la Tierra de Epazoyucan; el colectivo La Burra Blanca así cómo Vámonos a los pulques, son algunas de las organizaciones que anunciaron su participación en la marcha, dijo en entrevista para La Jornada Brisa Fernanda Flores, de El Maguey, la Casa de Todos, que también se unirá a la movilización.

Brisa puntualizó que la marcha es pacífica ya que «nuestras armas de lucha son el arte, la cultura, y la poesía».

Comentó que la movilizacion es porque «corren fuertes rumores de que hay empresas que pretenden colocar parques eólicos en los municipios de Epazoyucan y Singuilucan».

«En particular, en las localidades de Jalapilla y El Cordero de Singuilucan así como en Santa Mónica, y Escobillas, de Epazoyucan aunque también hay versiones de que se colocarán en San Cristóbal El Grande del municipio de Zempoala «.

La activista reveló que el 22 de junio de 2024 en el Salón Ejidal de Epazoyucan, los integrantes de su colectivo El Maguey, la Casa de Todos junto con vecinos de algunos ejidos y comunidades sostuvieron «un acercamiento» con representantes de las empresas Baywa, de Alemania y Kenergy, de los Estados Unidos, «quienes nos dijeron que no van a contaminar, pero lo cierto es que no han entregado el manifiesto de impacto ambiental, por lo que ponemos en duda eso que nos dijeron de que no van a causar estragos al medio ambiente».

La activista reveló que durante la reunión, los representantes de ambas empresas les dijeron que tienen contemplado instalar paneles en 480 hectáreas.

«En lo absurdo de su planteamiento, nos comentaron que planean remover y reubicar los nidos de hormigas del escamol así como las madrigueras de los tlacuaches que viven en las nopaleras».

También, que «van a capturar una a una las serpientes y los ejemplares de lagarto cornudo que ya están en peligro de extinción, y según ellos, los van a reubicar».

Supuestamente les dijeron también que las empresas tienen derecho a modificar «la tierra, lo que implica cambiar los cursos del agua,por lo que se corre el riesgo de que se produzca un ecocidio».

Pese a estás desventajas, Brisa Fernanda Flores, quien es originaria de Epazoyucan que ya hay algunos ejidatarios de ambos municipios que ya rentaron sus predios por 20 y 30 años a Baywa y Kenergy.

Al respecto, representantes de la Asociación por la Protección de la Tierra y Bienestar de Epazoyucan denunciaron que los contratos de arrendamiento celebrados entre las empresas Baiwa y Kenergy con ejidatarios de Santa Mónica están plagados de cláusulas abusivas que penalizan fuertemente a los campesinos en caso de incumplir los términos. Además, advirtieron que, como ha ocurrido en Tlaxcala, una vez arrendadas las tierras, los ejidatarios pierden derechos sucesorios, limitando la posibilidad de heredar las tierras a sus descendientes.

“Ni siquiera se les permite ingresar a sus propias parcelas. Aunque les pagan una renta, en la práctica las empresas privatizan el territorio y despojan a las familias campesinas”, puntualizó una activista durante el encuentro.

Durante, la Mesa de Diálogo realizada en Epazoyucan, los representantes de los colectivos que participaro expresaron su rechazo al megaproyecto energético que será desarrollado por la empresa Dhamma Energy México anunciado hace algunos días por el gobierno del Estado de Hidalgo como parte de un paquete de 16 inversiones privadas.

Según el gobierno de Hidalgo dichas inversiones suman más de 27 mil millones de pesos y generarán 28 mil empleos para la entidad.

Tan solo en el caso de los parques solares, la inversión ascenderá a 6 mil 460 millones de pesos para la instalación de paneles solares en aproximadamente 400 hectáreas de terrenos ejidales.

Sin embargo, los activistas sostienen que los beneficios económicos no compensan los daños irreversibles que este tipo de desarrollos provoca en los ecosistemas locales.

“Estamos hablando de una región ancestralmente dedicada al cultivo del maguey y la extracción de agua miel. Para instalar los paneles solares será necesario talar miles de ejemplares de magueyes, destruyendo un ecosistema frágil que ha sustentado por generaciones a las familias campesinas”, señaló uno de los integrantes del Frente Zapatista de Liberación Magueyera.

Impactos ambientales irreversibles

Durante la reunión, los ambientalistas denunciaron que este tipo de megaproyectos alteran gravemente el ciclo hídrico de la región. Basándose en la experiencia del parque solar Nueva Xcala en Calpulalpan, Tlaxcala, relataron cómo la instalación masiva de paneles solares genera islas de calor que aumentan la temperatura local entre dos y cuatro grados centígrados, afectando el fenómeno de vaporización y reduciendo la formación de lluvias, lo que eventualmente conduce a la desertificación de la tierra.

Asimismo, señalaron que la radiación acumulada en la superficie de los parques solares seca la tierra, impide la recarga de los acuíferos y disminuye la disponibilidad de agua potable tanto para la flora, la fauna y los habitantes de la región. “Aunque las empresas prometen reforestación, la falta de agua y la nula voluntad de cumplir con las medidas ambientales hacen imposible que se logre”, añadió otro de los participantes.

Residuos tóxicos a futuro

Otro de los problemas ambientales que representa la instalación de los paneles solares es que no se sabe que se va a hacer con esos artefactos una vez concluyan los contratos, cuyo ciclo de vida útil se estima en 25 años.

Los activistas advirtieron que una vez vencido el contrato, las empresas no se hacen responsables del retiro y disposición final de los paneles, lo que dejaría a las comunidades rurales con toneladas de residuos industriales altamente contaminantes.

Con información de: La Jornada

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