Ciudad de México, 16 de junio de 2025.- El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que el nuevo enfoque que se propone para la impartición de justicia en México cuenta con respaldo constitucional y responde a un marco legal renovado.
“Si plantear una justicia social, una cercanía al pueblo; si plantear una visión distinta del derecho tenía sustento o no. Yo lo que le digo es que tiene sustento constitucional”, declaró Aguilar Ortiz, tras recibir la constancia de mayoría del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial y a pregunta expresa de La Razón.
El próximo ministro presidente de la Corte señaló que las recientes reformas constitucionales permiten construir una nueva visión del derecho, pues se han implementado reformas constitucionales “que nos permiten afirmar que podemos tener una visión distinta del derecho y bases constitucionales sólidas para ser una justicia diferente; en particular, el 30 de septiembre se publicó la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, así es que estamos obligados a tener un enfoque pluricultural en la impartición de justicia”.
Asimismo, destacó que este marco incluye la consagración de derechos sociales y el fortalecimiento de la soberanía; por lo tanto, dijo, “tenemos un nuevo marco constitucional que apunta a que vamos a construir un constitucionalismo distinto al que veníamos desarrollando antes de esta elección judicial”.
Aguilar Ortiz, quien obtuvo un total de seis millones 195 mil 612 votos en la elección judicial, expresó su compromiso con la ciudadanía al reiterar que esta transformación de la justicia tiene fundamento legal: “Todo tiene base constitucional y podemos decirle al pueblo de México que tenga la plena certeza de que vamos a imprimir un nuevo enfoque a la impartición de justicia. Tenemos las bases necesarias para hacerlo”.
Señaló que en próximos días sostendrá reuniones con la ministra presidenta Norma Lucía Piña y buscará llevar a cabo una “transición ordenada y adecuada”; además, adelantó que habrá reuniones entre las y los nuevos ministros para trazar una ruta de coordinación.
“Creo que al país lo que le debemos de dar es certeza y una transición adecuada en un arranque de atenciones adecuado que permita a la Corte seguir funcionando y cumplir con su mandato constitucional”, comentó Aguilar Ortiz.
Aseguró que el pueblo “votó. El pueblo tuvo en sus manos a los candidatos, nos escuchó (…) Los votos que yo recibí son del pueblo”. Negó que alguien en el Gobierno o en el partido Morena lo hayan puesto en el cargo con el uso de acordeones. “Aquí hay muchas autoridades de los pueblos indígenas con los que tomamos la decisión. A mí no me puso nadie, fue una decisión colectiva con los pueblos”.
Señaló que la reforma judicial se inscribe en un contexto de cambios profundos y refrendó su petición “de un voto de confianza para la nueva Suprema Corte y el nuevo Poder Judicial; vamos a construir una nueva justicia para todos y todas”.
Tras recibir la constancia de mayoría, Aguilar Ortiz pronunció un mensaje en su lengua natal, el mixteco, para después afirmar en español que se inicia una nueva etapa en el Poder Judicial, en la que el mandato popular debe cumplirse con responsabilidad: “Esta Corte surge del pueblo, se debe al pueblo y al pueblo habrá de rendir cuentas”, declaró.
En su discurso, Aguilar Ortiz destacó que la nueva integración de la Corte es “democrática, paritaria, profesional y pluricultural”; además, convocó a aquellos que integrarán el nuevo Poder Judicial a sumarse a esta transformación, “donde la honestidad, la igualdad sustantiva y la erradicación de prácticas como el clasismo y el nepotismo serán los pilares del nuevo órgano”.
“Vamos a construir una justicia para todas y todos, una justicia que garantice seguridad jurídica, que actúe con perspectiva de género, respeto al medioambiente y a la diversidad de nuestra nación”, dijo.
Valida el INE las elecciones del PJF
› Por Ulises Soriano
El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó las constancias de mayoría a las cinco mujeres y cuatro hombres electos como ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante las votaciones del pasado 1 de junio; además, declaró la validez de la elección. Sin embargo, quedaron fuera del conteo final 818 casillas por haber presentado irregularidades en cuanto al número de votos emitidos en ellas.
Guadalupe Taddei, presidenta del órgano electoral, afirmó que la elección marca un ejercicio “sin precedentes” en la historia democrática del país, pues se trató de la primera vez que la ciudadanía elige de manera directa, libre y secreta a quienes integrarán el máximo tribunal constitucional del país.
Tras un debate de más de seis horas en el INE, la declaratoria —con seis votos a favor y cinco en contra— se dio entre críticas y señalamientos de la existencia de inconsistencias en la forma de votar, o también la distribución de acordeones, con los cuales, señalaron los consejeros, se volvió a prácticas que se creían erradicadas de la democracia mexicana.
El Tip: Arturo Castillo propuso entregar constancias de mayoría, pero “no declarar la validez” de cuatro de seis elecciones.
El consejero Arturo Castillo señaló que la elección al Poder Judicial de la Federación (PJF) “fue la posible, no la elección perfecta”. Argumentó que el número de casillas “probablemente” afectó la participación ciudadana; además, se presentó una falta de recursos para llevar a cabo diferentes etapas de la elección.
Durante la jornada, explicó, se presentaron “prácticas profundamente antidemocráticas que creíamos desterradas de nuestro sistema electoral, como se verá el cómputo de la Suprema Corte”. Argumentó que en 818 casillas en todo el país fue detectada “la inexplicable participación del 100 por ciento o más de los electores, boletas no extraídas de las urnas y casos de candidaturas que tuvieron el 100 por ciento en casillas y en lista nominal, además de inducción al voto”.
Esto representa 0.97 por ciento, dijo, un total de 3.7 millones de votos. “Se trata de conductas y circunstancias sumamente graves que vulneran directamente la certeza de que los votos emitidos en esas casillas reflejan la voluntad ciudadana, de ahí que, como se precisen, resulta inviable sumarlas al cómputo final”, indicó.
Castillo Loza calificó a los acordeones y su repartición como “el elefante en la sala que nadie quiere ver y hablar”. Dijo que la totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales —en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la sala superior y en cuatro de las salas regionales del Tribunal Electoral— “coinciden con las promovidas en los llamados acordeones”.
Se trata de “posible propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuida en gran parte del territorio nacional. Veintidós de las 28 candidaturas que se encuentran en este supuesto se deslindaron de los llamados acordeones; por lo tanto, sólo puede entenderse que éstos fueron pagados con recursos de terceros y, por ende, prohibidos en esta elección por el artículo 96 constitucional”.
Guadalupe Taddei indicó que en ninguno de los casos “las irregularidades presentadas impactan de manera significativa, de modo que reviertan el modo de resultados o la diferencia existente entre ganadores y segundos lugares”.
La sesión se pausó para que el árbitro electoral recibiera el parte de la situación jurídica de Héctor Ulises Orduña, quien se encuentra en prisión preventiva acusado de violación de una menor y ganó un lugar en el tribunal mixto de Veracruz, con 44 mil 221 votos.
Será hasta el momento en que se declare la validez de la elección de jueces de distrito en la que se determine su situación y si es que se elimina su triunfo.
Con información de: La Razón
