Ciudad de México, 05 de junio del 2025.- La serie de reformas en materia de seguridad e identificación impulsadas por el gobierno mexicano podrían sentar las bases para un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en el país, advirtió la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En una transmisión en redes sociales, R3D aseguró que la combinación del registro de líneas telefónicas, la CURP con datos biométricos y la interconexión de bases de datos públicas y privadas representa una amenaza grave para los derechos humanos, la privacidad y el acceso a servicios públicos.
“Estamos ante la posibilidad de vigilancia masiva de personas”, advirtió Francia Pietrasanta, abogada de R3D.
Las reformas, aseguró, no pueden analizarse por separado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las preocupaciones calificándolas como “exageraciones”, la organización expuso que el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculado a la CURP, y esta última asociada a datos biométricos, habilita una estructura de control y seguimiento sistemático de la población.
La nueva CURP, advirtió Pietrasanta, se convertiría en un documento obligatorio que incluiría huellas dactilares y fotografías. Su uso se exigiría para acceder a cualquier trámite público o privado, desde servicios médicos hasta la compra de productos cotidianos. Además, esta CURP alimentaría una plataforma de identidad digital que permitiría el rastreo en tiempo real de los movimientos de las personas.
Interconexión de bases de datos
Uno de los puntos críticos de la legislación propuesta por el Ejecutivo es la creación de un Sistema Nacional de Información e Inteligencia que ordena la interconexión de bases de datos de entidades públicas y privadas.
Según R3D, la ley facultaría a las autoridades a solicitar datos sin necesidad de orden judicial ni mecanismos de transparencia.
“No se trata solo de recabar datos, sino de cruzarlos, fusionarlos y generar perfiles de toda la población”, alertó Pepe Flores, director de Comunicación de R3D.
Entre los datos a integrarse se encuentran registros vehiculares, fiscales, comerciales, inmobiliarios, telefónicos y, por supuesto, biométricos.
La amplitud de esta facultad permite incluir “todos aquellos que puedan extraer indicios para investigación”, sin especificar si se trata de investigaciones penales ni establecer salvaguardas que impidan su uso indebido.
El ejército y los datos sensibles
Otra preocupación de R3D es la participación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en este esquema.
Ana Gaitán, abogada de la red, recordó que la Sedena fue la primera compradora del software espía Pegasus y ha sido señalada por su papel en violaciones graves de derechos humanos.
“Vamos a tener al ejército consultando en tiempo real bases de datos masivas con información íntima de todas las personas en el país”, dijo.
La falta de controles judiciales y la exclusión del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) agravan la situación.
“No hay mecanismos de rendición de cuentas, ni siquiera presupuestos asignados para esta infraestructura”, añadió Pietrasanta.
De hecho, la propia ley establece que la implementación deberá hacerse sin recursos adicionales, a pesar de que el Estado mexicano ha demostrado una incapacidad técnica para proteger bases de datos sensibles, como lo demuestran múltiples filtraciones de información resguardada por instituciones gubernamentales.
Exclusión y discriminación automatizada
El sistema propuesto no solo amenaza la privacidad, también puede derivar en exclusión estructural de grupos vulnerables. Las tecnologías biométricas presentan tasas de error elevadas, especialmente en personas mayores, indígenas, jornaleros agrícolas o personas con discapacidades.
“Si tu huella no es legible, no podrás acceder a servicios. Así de simple. Y esto no es un futuro distópico: es lo que ya está ocurriendo en bancos y dependencias públicas”, dijo Gaitán.
Además, el uso de sistemas automatizados con sesgos preexistentes podría reforzar desigualdades históricas. R3D advirtió que estos algoritmos no solo replican prejuicios de género, raza y clase, sino que los amplifican.
“En México, ya hemos clasificado a ciertas personas como no aptas para acceder a un crédito. Ahora vamos a usar ese mismo tipo de perfilamiento para decidir quién accede a salud o educación”, dijo.
Normalización de la sospecha
Otra de las críticas de R3D a esta serie de reformas es conceptual: el conjunto de nuevas legislaciones parte de la idea de que todas las personas son sospechosas por defecto.
“Si no fuera así, no habría justificación para esta vigilancia total”, dijo Flores.
Esta visión contradice los principios democráticos de presunción de inocencia y proporcionalidad, y normaliza una lógica de control absoluto en nombre de la seguridad.
Además, la organización teme que esta infraestructura pueda ser utilizada para la criminalización de opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
“No se trata de paranoia. Ya hemos documentado cómo el Ejército ha usado Pegasus para espiar a periodistas y activistas”, dijo Gaitán.
Solución sin sustento técnico
Más allá del debate ético y legal, las abogadas de R3D subrayaron la falta de viabilidad técnica del proyecto.
“No existe infraestructura digital suficiente para garantizar la seguridad, interoperabilidad y funcionamiento eficiente de esta red masiva de datos”, dijo Pietrasanta.
En lugar de atender la crisis de seguridad con estrategias estructurales, el gobierno apuesta por un “tecnosolucionismo” sin bases reales ni evaluación de impacto, de acuerdo con la organización.
La organización concluyó que estas reformas constituyen un proyecto autoritario de control poblacional bajo la fachada de eficiencia y seguridad.
“Este no es un debate técnico, sino político. ¿Queremos vivir en una sociedad donde cada paso que damos queda registrado y clasificado por el Estado?”, preguntó Flores.
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/
