Ciudad de México, 04 de junio del 2025.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus Primera y Segunda Salas heredarán a los nueve ministros integrantes del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), que asumirán funciones el próximo 1 de septiembre, 2,178 asuntos por resolver.
Del total referido, 1,697 asuntos quedaron pendientes de resolución durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024, correspondiente al segundo año de Norma Piña Hernández como presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), y 481 se han acumulado del 1 de diciembre del año pasado hasta ayer.
De los asuntos que no se revolvieron durante el 2024, en 693 casos el responsable fue el pleno, y en 803 y 201 sus Primera y Segunda Salas, respectivamente.
Cambios
Cabe aclarar que dichas salas seguirán funcionando de manera formal hasta el 31 de agosto próximo y se extinguirán, en los hechos, a partir del día siguiente en acatamiento de lo que establece la Constitución sobre la reconfiguración del PJF, por lo que todos los asuntos que queden pendientes deberá resolverlos el pleno del nuevo tribunal constitucional del país, aunque podría resolver su desechamiento.
Las dos Salas de la Corte fueron previstas desde antes de la promulgación de la Constitución de 1917; la Primera se encarga de sesionar los asuntos en materia civil y penal, y la Segunda de los casos administrativos y laborales.
En acatamiento del Acuerdo General Plenario 3/2025, tomado el pasado 16 de abril, la Corte reportó que hasta ayer sumaban 481 los asuntos “turnados pendientes de resolución entregados en ponencia pendientes de proyectar”, de los que 378 corresponden a los “turnados pendientes de resolución entregados en ponencia con proyecto recibido en Secretaría General de Acuerdos y las secretarías de las Salas”.
Del 1 de diciembre de 2024 al 30 de mayo pasado, ingresaron a ponencia 1,753 asuntos y egresaron 1,871, según la información oficial.
A la fecha, entre los asuntos pendientes destaca resolver por el pleno la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra del Decreto por el que se reforman entre otros el Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado el 19 de febrero de 2021, en relación con la instrumentación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de enero de 2023, que ordena a México suprimir la prisión preventiva oficiosa que establece el artículo 19 de la Constitución.
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