Ciudad de México, 23 de mayo de 2025 — El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó hoy en el marco de la Conferencia del pueblo que una Corte Civil en Florida resolvió que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereira, deberán devolver recursos públicos al Gobierno de México.
Según datos presentados por Pablo Gómez, entre 2009 y 2018 se generaron 30 contratos suscritos por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal Preventiva (PFP), por un monto total de 727.9 millones de dólares. Estos contratos están vinculados con presuntas operaciones de corrupción lideradas por García Luna durante su gestión como funcionario federal.
Con el cambio de administración en 2018, las autoridades mexicanas detectaron irregularidades en estos contratos, lo que llevó a la presentación de una demanda civil en Estados Unidos. En la primera fase del juicio, el juez determinó que se entregáran 12.5 millones de dólares a la Federación como parte de la recuperación de los recursos desviados.
El Gobierno de México mantiene una demanda activa por un total de 250 millones de dólares en contra del exfuncionario. Gómez destacó la labor de la extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, cuya participación fue clave en el esclarecimiento de la red de corrupción encabezada por García Luna.
Las autoridades mexicanas aseguran que continuarán con los procesos legales correspondientes para recuperar el dinero público y castigar los actos de corrupción del pasado.
