Ciudad de México, 16 de abril del 2025.- El eventual período de sesiones extraordinarias en la Cámara de Senadores para aprobar la iniciativa presidencial de reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y a la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, pasa necesariamente por convocar a parlamento abierto o instalar una mesa tripartita de trabajo, afirmó Claudia Anaya Mota.
Integrante de la Comisión de Gobernación, responsable de dictaminar dicho paquete legislativo, la senadora por Zacatecas recordó que la ley vigente en la materia se construyó en 2017 mediante una mesa tripartita de trabajo con representantes de los colectivos de búsqueda de personas y víctimas, del gobierno federal y del Congreso de la Unión.
Sería una tomadura de pelo, dijo, querer proceder a hacer los pretendidos cambios legales a partir solamente de las propuestas contenidas en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde su perspectiva, si la ley necesita algunas modificaciones tienen que ser las que “hayan detectado los colectivos en cuanto a deficiencias en su implementación”.
La senadora del PRI explicó que en diálogo con los colectivos de búsqueda de personas convinieron en que una de las deficiencias de la ley vigente “tiene que ver con la vinculación que debe existir entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías porque las comisiones de búsqueda son las que en teoría buscan, pero sin la facultad legal de hacerlo, y las que tienen facultad de buscar son las fiscalías, pero no lo hacen”.
“Entonces, esta falta de sinergia entre las comisiones y las fiscalías es la que dificulta y entorpece el trabajo. Pero esta dificultad, vamos a decir de legislación, no está considerada en la iniciativa de la Presidenta”.
Si lo que se pretende es hacer un trabajo serio y responsable, consideró, urge “armar el parlamento abierto y hacer por lo menos una mesa tripartita de trabajo entre el gobierno, los colectivos de víctimas y el Senado’’.
“Tenemos que escucharlos para poder hacer un proyecto (de reformas) que sea más adecuado a su necesidad real”., concluyó.
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