Ciudad de México, 28 de octubre del 2024.-Aunque denunciaron de forma reiterada a los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública decidió no castigar a ninguno de ellos; se volvieron los intocables de la 4T. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los llamados “superdelegados” acumularon 209 denuncias por diversas irregularidades, desde uso indebido de los programas sociales, nepotismo y abuso de funciones, hasta manejo de la estructura de gobierno con fines electorales, pero la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que la gran mayoría no merecían ser castigadas.
De acuerdo con información obtenida vía ley de transparencia,181 expedientes de investigación concluyeron por acuerdo de archivo, es decir, que la autoridad no encontró los elementos suficientes para acreditar la falta administrativa.
En 11 expedientes, la SFP determinó que no era competente para conocer de los hechos, mientras que 16 más se encontraban todavía en investigación en el Órgano Interno de Control (OIC) radicado en la Secretaría de Bienestar, que depende de la Función Pública.
El único expediente donde la SFP reportó que había logrado una sanción fue el del delegado federal que despachaba en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Sonora antes de diciembre de 2018, es decir, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los titulares de las delegaciones estatales de programas para el desarrollo tuvieron un papel relevante, ya que fueron los encargados de coordinar y promover los programas sociales federales.
Muchos de ellos, después de ostentar este cargo, buscaron alguna gubernatura o un escaño en el legislativo. En los 32 estados del país hubo denuncias por la forma de operar los programas sociales. La entidad federativa con más quejas fue Aguascalientes, con 17 reclamos entre octubre de 2019 y marzo de 2022. En ese lapso estuvieron como delegados Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, Nora Ruvalcaba Gámez y Silvia Licón Dávila. Consultada al respecto, Licón Dávila dijo que nunca recibió alguna notificación por parte del OIC.
En las dos centenas de expedientes de investigación que abrió la Función Pública tras las denuncias recibidas hay acusaciones por desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y de funciones, inscripción a programas sociales de forma condicionada, solicitud de dádivas o dinero a cambio de la prestación de un trámite o servicio, conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto, entre otros señalamientos.
Para este reportaje se obtuvo una base de datos con las investigaciones que iniciaron los OIC de la SFP en las 32 entidades del país, pero el gobierno clasificó como reservado el nombre de los delegados al considerar que darlos a conocer afectaría la imagen y el derecho a la intimidad de los servidores públicos. La medida fue avalada por el INAI tras un recurso de revisión interpuesto. Los nombres se obtuvieron al cruzar el estado, el cargo y el periodo de servicio.
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