Chihuahua, Chih., 12 de octubre del 2021.- Familias desplazadas por el crimen organizado de las comunidades serranas El Manzano, municipio de Uruachi y Monterde, en Guazapares, comparecieron ayer ante los juzgados de distrito 8 y 12, en esta capital, para exigir información sobre tres juicios de amparo contra la omisión de autoridades locales y federales en la aplicación de la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado Interno.
Consultoría Técnica Comunitaria AC (Contec), organización que apoya y asesora a las poblaciones rarámuris presentó a las personas desplazadas, quienes dieron a conocer en conferencia que “en mayo pasado interpusieron amparos por la omisión de todas las autoridades en garantizarles sus derechos”.
Denunciaron que fueron expulsadas de sus pueblos en 2014 y 2015 por narcos, sin que a la fecha exista un programa de protección y reparación que las asista y les permita el retorno a la sierra Tarahumara.
Cruz Sánchez, originario de El Manzano, relató que dejó su pueblo el 29 de marzo de 2015; otras familias fueron desplazadas en 2016 “somos más de 70 personas de la comunidad, nos han apoyado en refugios, pero faltan cosas por hacer y hasta ahora no hay respuesta”.
Solicitó que el gobierno estatal gestione la donación de terrenos en la ciudad de Chihuahua, para construir viviendas, servicio médico y empleo; además, que la fiscalía estatal dé seguimiento a las investigaciones contra los criminales causantes del desplazamiento forzado, “algo que no se ha llevado a cabo”.
Margarita Contreras residía en Monterde; recordó que debió dejar su terruño en 2014, luego de que delincuentes asesinaron a su esposo y a otros parientes, por lo que la familia huyó a la capital del estado. “Teníamos una huerta de manzana, casa, animales, y tierras de cultivo; con los años las amenazas siguen por el mismo grupo armado y no podemos regresar, somos 20 personas”.
Contec explicó que los expulsados de sus comunidades han tramitado amparos, porque no existe un plan integral de atención a la violencia en la Tarahumara, con política pública y presupuesto; además, las autoridades justifican que no hay legislación en temas como el desplazamiento forzado para no respetar su derecho a la justicia, la reparación y no repetición.
Recordó que acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares, ante la situación de gravedad y las recibieron en abril de 2015, aunque han sido insuficientes para garantizar su protección.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
