Brasil permite que las mujeres aborten en tres situaciones muy específicas: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando peligra la vida de la mujer o cuando el feto es anencefálico. En cualquier otro supuesto, la interrupción se considera un delito y las penas llegan hasta tres años de cárcel para la gestante y de cuatro para el médico. Para un creciente número de políticos conservadores, esos derechos constitucionales son excesivos y deben restringirse. Animados por la ola que llevó al presidente Jair Bolsonaro al poder, congresistas de varias religiones, principalmente católicos y evangélicos, seducen con proyectos para limitar los derechos de las mujeres y utilizan el tema del aborto para movilizar a sus bases, en un movimiento que llega ahora a la Cámara de los Concejales de São Paulo. Inspirado en el endurecimiento de las leyes sobre el aborto en algunas regiones de Estados Unidos, como Alabama, el concejal Fernando Holiday, miembro del conservador Movimiento Brasil Libre (MBL) y afiliado al partido Demócratas, ha propuesto un proyecto de ley que determina una serie de requerimientos para que las mujeres —sobre todo las que han sido violadas— puedan interrumpir voluntariamente el embarazo en la sanidad pública municipal.
El proyecto de Holiday, que incluye exigencias consideradas inconstitucionales por los especialistas, ha provocado inmediatamente las quejas no solo de activistas proaborto, sino también de especialistas en sanidad pública y psicología. Tal ha sido la cantidad de críticas, incluso de la derecha, que el concejal del MBL ahora promete, en una entrevista para EL PAÍS, que modificará parte del texto. “El proyecto se inspiró en la legislación de algunos estados norteamericanos, principalmente el de Alabama. Pero también en países que permiten el aborto en casos más amplios, como Alemania, donde las mujeres reciben asesoramiento sobre las implicaciones del procedimiento”, justificó el concejal. “Es una mezcla de lo que sucede internacionalmente y el intento de adaptarlo a São Paulo”, continuó.
Holiday, fruto de un movimiento de matriz liberal que dio un giro a la derecha con relación a las costumbres para ampliar su electorado, sabe que el tema es un reclamo en Brasil, incluso en los medios y en las redes: según una encuesta divulgada en enero por el Instituto Datafolha, el 41% de la población está en contra del aborto en cualquier circunstancia. En el Congreso, el frente parlamentario antiabortista consta de 200 nombres y, como mostró el reportaje de la Agencia Patrícia Galvão publicado por EL PAÍS en mayo, goza de un amplio apoyo aunque también presión, incluso por parte de empresas y juristas. En el Senado, se ha resucitado la propuesta de enmienda constitucional, ya conocida como PEC de la Vida, que pretende restringir el aborto como nunca. Con este movimiento, intentan anticiparse al Supremo Tribunal Federal, que, en las próximas semanas, puede decidir sobre la interrupción del embarazo hasta la duodécima semana de gestación. En la Cámara de los Diputados, un proyecto de ley que dificulta el acceso a la pastilla del día después en los ambulatorios ya está listo para que se vote en sesión plenaria.
Además, los ultraconservadores del Partido Social Liberal de Bolsonaro, la segunda mayor bancada de la Cámara, también hacen sus experimentos con el tema para ver la reacción de la opinión pública. El diputado federal Márcio Labre, del partido del presidente, presentó un proyecto de ley que prohíbe el aborto menos en el caso de que la salud de la madre corra peligro, reduciendo las conquistas ya alcanzadas. El mismo diputado presentó otro texto que clasificaba anticonceptivos como el DIU, la minipíldora y la píldora del día después como “microabortivos” y prohibía su comercialización y distribución en la sanidad pública. La repercusión negativa provocó que retirara el proyecto.
Los efectos del proyecto
“Los derechos de las mujeres se utilizan como moneda de cambio. Hay un movimiento global, pero también los hay locales, de grupos conservadores o populistas. El tema cabe en diferentes agendas”, dice la antropóloga y profesora Debora Diniz, una de las principales defensoras de la descriminalización del aborto en el país. En el caso de Estados Unidos, Alabama ha aprobado una de las leyes más restrictivas del aborto, aunque la Suprema Corte entienda que es un derecho constitucional. “Es la estrategia del lawfare, la guerra de leyes. La idea es que se recurra la decisión y el caso llegue al Supremo, que actualmente tiene una mayoría conservadora, justo antes de las elecciones presidenciales”, explica Diniz.
La antropóloga no cree que la medida de Holiday se apruebe en la Cámara de São Paulo, pero cree que existe riesgo de “infundir el pánico, haciendo que muchas mujeres tengan miedo de que se les denuncie u hospitalice” en un país que registra más de 1.300 casos de violación al día. El impacto potencial no es trivial: un estudio de la ONG Artículo 19 muestra que, de los 176 hospitales públicos brasileños, solo 76 (el 43%) dicen que realizan abortos en los casos previstos por la ley. Tal situación ha llevado al Ministerio Público Federal y a la Asociación Brasileña de Agencias de Publicidad a realizar la campaña “Ley del Minuto Después” para explicar los derechos de las víctimas de violencia sexual. “La información sobre el aborto legal es irrisoria, muchas mujeres no saben que tienen el derecho de hacerlo. Ningún Gobierno brasileño ha avanzado en este tema, ya sea de izquierda o de derecha”, afirma Paula de Souza, abogada de oficio del Núcleo Especializado de Promoción y Defensa de los Derechos de la Mujer (NUDEM) de São Paulo.
En su entrevista para EL PAÍS, Holiday ha garantizado que ha entendido las críticas y hará cambios sustanciales en el texto. Entre ellos, el de no tener que pasar por determinados procedimientos antes de abortar. “Tras las críticas en la prensa e incluso hablando con mujeres, me di cuenta de que esa reflexión no puede ocasionar un sufrimiento mayor a las mujeres”, añadió. Todavía no se ha presentado el nuevo texto.
El proyecto de Holiday se ha considerado, en su mayoría, problemático. Está el artículo que determina que el municipio exigirá una autorización para que se practique la interrupción del embarazo, que la Fiscalía General del Municipio, si lo cree conveniente, podrá recurrir. Diniz afirma que este procedimiento “no está previsto en la norma técnica del Ministerio de Justicia o de Sanidad, un contrasentido legal ya que no se comete ningún delito”. Además, clasifica ese itinerario jurídico como una “tortura psicológica” y alerta que puede exceder el tiempo en que la interrupción del embarazo puede realizarse.
El concejal garantiza que sustituirá la obligación de tener una autorización por la de haber realizado la denuncia de la violación. “Es lo mínimo que podría exigírsele a alguien que ha sido violada”, afirma, aunque no exista esa exigencia por ley. Incluso con ese cambio, la abogada de oficio Paula de Souza, no está de acuerdo con la posición del concejal. “El Ministerio de Sanidad dice expresamente en su norma técnica que la denuncia en una comisaría no tiene que ser una exigencia. ¿Por qué la palabra de una mujer tiene que ser validada por otro órgano?”, cuestiona. Además, al denunciar la violación, se abre automáticamente un proceso judicial. “Las mujeres tienen derecho a no querer emprender una causa criminal. Los agresores están dentro de casa, principalmente cuando hablamos de adolescentes. Crear esa exigencia puede hacer que esas mujeres se callen, por miedo”, añade Souza.
El proyecto de ley determina que, una vez se tenga la autorización, la mujer debe, en el plazo de 15 días, someterse a “un asesoramiento psicológico para disuadirla de la idea de abortar”; “un asesoramiento psicosocial que le explique la posibilidad de dar al niño en adopción, en lugar de abortar”, “pruebas de imagen y sonido que demuestren que el feto tiene órganos vitales, funciones vitales y pulso”; y “una demostración de las técnicas abortivas, con explicaciones sobre la destrucción, el troceado y la succión del feto, así como la reacción del feto a tales medidas”.
Souza alerta que una intervención obligatoria con el objetivo de convencer es “contraria al código de ética de la profesión” y legitima una violencia practicada por parte del Estado.
Otro artículo considerado problemático es el que prevé la hospitalización psiquiátrica en caso de que en la consulta médica se detecte “un embarazo en que las condiciones sociales y psicológicas de la gestante indiquen una propensión al aborto ilegal”. El concejal garantiza que se refería a mujeres drogodependientes y sintechos que, bajo la influencia de sustancias, quieran abortar y, al impedírselo los profesionales de la sanidad pública, lo hagan ilegalmente. También asegura que el nuevo texto del proyecto especificará estos puntos. Sin embargo, Souza destaca que este artículo también “viola un código de ética de la medicina que determina la confidencialidad entre el paciente y su médico, que no debe transmitir información sobre él a ningún otro órgano”, y además “criminaliza a los drogodependientes” y a las personas socialmente vulnerables. Diniz también destaca un “marcador de clase importantísimo”: al ser un proyecto municipal, afecta sobre todo “a las mujeres más vulnerables y pobres que dependen de la sanidad pública”.
